ADECUACIÓN SALARIAL, REPARTO DE FUNCIÓNS E PLANS DE RECUPERACIÓN!!!

PRENSA: Artigos publicados en A Voz de Galicia:

GALICIA NECESITARÁ MÁS DE UN AÑO PARA SUPERAR LOS RETRASOS DE LA HUELGA EN LA JUSTICIA.

Accede a la noticia íntegra: https://www.lavozdegalicia.es/noticia/galicia/2023/03/29/galicia-necesitara-ano-superar-retrasos-huelga-justicia/00031680126305605189175.htm

Miles de expedientes acumulados en los juzgados y primeros juicios tras dos meses de huelga

Accede a la noticia íntegra: https://www.lavozdegalicia.es/noticia/galicia/2023/03/29/miles-expedientes-acumulados-juzgados-primeros-juicios-tras-dos-meses-huelga/00031680126551682627481.htm

«Isto vai tardar moito». Tras la huelga, Nilo Fernández, de SPJ-USO advierte que «a volta a normalidade está moi lonxe agora mesmo porque, aínda que a situación en cada xulgado é diferente, vaise tardar moito tempo, moitos meses, e incluso anos». El delegado de SPJ-USO en Pontevedra dice que hay que tratar el plan de recuperación y la adecuación salarial y de funciones de todos los cuerpos al servicio de la Administración de Justicia, como letrados, forenses, gestores, tramitadores o auxilios. «É un tema importante porque hai funcións polas que están cobrando uns corpos e realízanas outros».

Opina que la huelga «provocou un embudo porque, en contra do que se dixo, non é que os letrados fagan o 90 % do traballo da oficina xudicial. Con esa porcentaxe, os xuíces e o resto de funcionarios non facemos nada. Un xulgado é como unha fábrica. Se unha máquina para, parase a fábrica. En cada xulgado foi diferente, houbo letrados que fixeron folga, outros que non, outros que, entre comiñas, intentaban sacar os servizos mínimos, outros que pretendían entorpecer as funcións dos funcionarios… Como en todos os conflitos créanse situacións tensas e incómodas».

La Justicia da por perdido el 2023 para afrontar los retrasos de la huelga de letrados. El Consejo del Poder Judicial exige medidas urgentes y la Xunta aclara que es un conflicto del ministerio.

La recuperación de los asuntos suspendidos por la huelga de los letrados de la Administración de Justicia va a ser muy lenta y complicada. Los distintos operadores judiciales dan por perdido este año en lo que se refiere a la recuperación de esos asuntos.

El presidente del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, José María Gómez y Díaz-Castroverde, admitió este viernes que se habían suspendido 17.000 actuaciones procesales (entre juicios y otros procedimientos), lo que calificó como «una cifra grave e importante». Alertó de que la huelga de letrados dejó «una situación estructural que habrá que absorber en los juzgados de alguna manera». Castroverde dijo que, lamentablemente, Galicia ya tiene experiencia en recuperación de la actividad judicial «después de circunstancias anormales, como la huelga del 2018 o la pandemia», por lo que ve necesario fijar criterios para volver a la normalidad, pero de manera coordinada entre las instituciones afectadas. El presidente Castroverde explicó que la fijación de esos criterios no depende del Tribunal Superior de Xustiza y aclaró que si hubiese que reforzar personal la competencia sería del Ministerio de Justicia, del Consejo General del Poder Judicial y de la Xunta, en el caso de Galicia.

«La Justicia se resiente»

Esa complicada recuperación de los atrasos generados por la huelga la expone también la Xunta. El director xeral de Xustiza, José Tronchoni, sostiene que el primero que tiene que mover ficha y plantear las soluciones es el Ministerio de Justicia.

Advierte, «tiene que ser el ministerio el que nos diga cuál va a ser su aportación y qué solución que nos va a dar. No es un conflicto generado por la Xunta y, por lo tanto, no es lógico que un ciudadano gallego que ha sufrido la huelga tenga que pagar los efectos de este conflicto con sus presupuestos»

«Prorrogar el trabajo judicial ordinario al horario de tarde supondría también movilizar, además de a los jueces, a muchos otros profesionales de la Justicia como los fiscales, los letrados, los abogados, los procuradores y los propios funcionarios, y en ese caso tanto el Ministerio de Justicia como la Xunta tendrían que pagar esos refuerzos.»