Los juzgados de lo Penal de A Coruña amontonan 7.000 sentencias sin ejecutar

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Fuente: La Opinion.es

El esfuerzo llevado a cabo por los magistrados de la jurisdicción penal para enjuiciar un mayor número de asuntos y evitar así que los asuntos prescriban está provocando la aparición de un nuevo problema. Y es que la celebración de muchas vistas orales implica también un incremento del número de sentencias que hay que ejecutar.

En estos momentos, los seis juzgados de lo Penal que existen en la ciudad tienen pendiente de llevar a la práctica más de 7.000 sentencias, lo que supone un evidente riesgo de que nunca lleguen a cumplirse, pues ahora la sombra de la prescripción se cierne sobre el cumplimiento de los fallos judiciales. Las ejecuciones no sólo conllevan la orden, por ejemplo, de que una persona ingrese en prisión, sino asuntos como embargos, retiradas de carnés, permisos de armas, cumplimiento de trabajos en beneficio de la comunidad y control de órdenes de alejamiento, entre otros.

El atasco en los juzgados de lo Penal es un mal endémico que padecen las unidades de la ciudad desde, al menos, 1998. En ese año, tomó posesión de su cargo el actual titular del número tres, quien ya en ese momento solicitó al Consejo General del Poder Judicial que realizase una inspección a fin de determinar la situación real del juzgado. En ese momento, los magistrados de esta jurisdicción constataron la necesidad de abordar un plan que calificaron de emergencia para paliar la situación, por lo que reclamaron la creación de un juzgado de lo Penal itinerante de refuerzo para las tres unidades que existían en ese momento. Hasta 2001 no se creó el Penal número 4, periodo en el que los otros juzgados fueron acumularon entre 150 y 200 asuntos cada año que engrosaban la lista de asuntos sin enjuiciar.

A Coruña cuenta en la actualidad con seis unidades de la jurisdicción penal. Según los últimos datos disponibles, hay 2.554 procedimientos pendientes de vista oral. El número de asuntos varía mucho según el juzgado. En el número uno hay 615; en el dos penden 555 y en el tres 787, en este momento la unidad con más trabajo pendiente. Los tres últimos juzgados que se crearon, el cuatro, cinco y seis tienen por celebrar, respectivamente, 190, 93 y 314 asuntos. Llama la atención el discreto número de procedimientos que tiene el cinco por resolver.

Explica su titular que esto es posible porque en los últimos años, sobre todo a lo largo de 2007, toda la plantilla hizo un gran esfuerzo para celebrar juicio casi todos los días. La consecuencia de este sobre esfuerzo es que, a mayor número de sentencias, mayor número de ejecutorias que los jueces tienen que resolver, lo que supone una carga de trabajo que consideran inasumible. Por ello, en la junta celebrada a principios del mes de septiembre del año pasado exigieron, por ser «una necesidad inaplazable», la dotación de un juzgado rotatorio de refuerzo que cada dos meses eche una mano a los juzgados más colapsados, los tres más antiguos. Exigen también la creación de un juzgado que se haga cargo de forma exclusiva del cumplimiento de las penas.

Desde 1998, son ya muchas las ocasiones en las que los magistrados de la ciudad han reclamado al Consejo General del Poder Judicial y al Ministerio de Justicia la creación de una unidad de apoyo sin que, por el momento, hayan recibido una respuesta concreta a sus demandas. El juzgado con más ejecutorias por resolver es también el tres, con cerca de 1.600. El número dos le sigue de cerca. Explica su titular, José Antonio Vázquez Taín, que esto es debido a la gran cantidad de juicios celebrados en el último año, lo que ha permitido avanzar mucho en el número de asuntos pendientes de enjuiciar, pero ha complicado el siguiente paso. Vázquez Taín reconoce que, con el actual volumen de trabajo y de ejecuciones pendientes, es fácil que prescriban tanto las denuncias como las ejecuciones de las sentencias, aunque los jueces se esfuerzan para que esto no ocurra.

Otra de las quejas de los magistrados se centra en la aplicación de los módulos -carga máxima de trabajo- establecidos por el Consejo General del Poder Judicial. Los juzgados de lo Penal no tendrían que hacerse cargo de más de 450 asuntos, según las cifras manejadas por el Consejo para que las unidades puedan trabajar con garantías de eficacia, pero en el recuento de procedimientos sólo se tienen en cuenta los asuntos nuevos que llegan a los juzgados, pero no las ejecutorias de las que se tienen que hacer cargo como consecuencias de las sentencias dictadas por los juzgados de instrucción en los juicios rápidos que se celebran en las guardias.

Los titulares de las unidades sostienen que a pesar de estar resolviendo asuntos «en número muy por encima de lo exigible», en la actualidad están señalando juicio relativos a causas del año 2005.

Otro de los problemas con el que se encuentran los magistrados es la ausencia de lugares donde los condenados puedan cumplir las penas de trabajos en beneficio de la comunidad. Hasta ahora, estos castigos se imponían con frecuencia a los sentenciados por malos tratos en el ámbito doméstico, aunque con la reforma de la ley de seguridad vial, también se imponen a quienes conducen sin carné o bajo los efectos de bebidas alcohólicas.

La dificultad con la que se encuentran los jueces es que el Ejecutivo no ha garantizado la existencia de puestos donde los reos puedan prestar estos servicios. La firma de convenios con los ayuntamientos es complicada porque los sindicatos se niegan a que estos trabajos sean realizados por los condenados, pues supone la contratación de menos personal. Otra posibilidad son los acuerdos con ONG donde los sentenciados puedan realizar labores de tipo social, pero, por lo general, estas organizaciones prefieren otro perfil de colaboradores. Los voluntarios suelen tener un mejor comportamiento que personas condenadas por delitos relacionados con la violencia sobre la mujer o por infracciones contra la seguridad del tráfico.

En la actualidad, la mayor parte de los sentenciados por los seis juzgados de lo Penal de la ciudad no cumplen estas penas que, por su naturaleza, prescriben a los tres años. Si la ausencia de instituciones donde poder realizar los trabajos en beneficio de la comunidad continúa, las penas caducarán sin que las personas condenadas las hayan cumplido.

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