El 13% de los funcionarios que trabajan en los juzgados gallegos son interinos

A la lentitud y el atraso que caracterizan el funcionamiento de la Justicia en Galicia le ha salido un nuevo enemigo. Casi 350 plazas de funcionarios judiciales están cubiertas en estos momentos por interinos, una situación de provisionalidad que repercute también de forma negativa en el funcionamiento interno de estos órganos. Y es que, según la Xunta, de las 2.570 plazas de funcionarios judiciales que existen en Galicia, un 13,5% están cubiertas por personal eventual.
El ex presidente del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), Antonio González Nieto, alertaba de este problema hace ya unos meses, recordando que la mayoría de las personas que cubren estas vacantes nunca habían trabajado en un juzgado y desconocen por completo la dinámica judicial, dos factores que ralentizan el ritmo de todo el órgano. Nieto achaca esta situación al propio funcionamiento de las listas de sustitutos, un sistema “controlado” por los sindicatos, según denuncia, en el que no se suelen tener en cuenta factores como la experiencia judicial.
El incremento del número de plazas que no están cubiertas por titulares no es una tendencia exclusiva de Galicia. El propio Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) incluyó la situación de los funcionarios interinos entre los cinco objetivos prioritarios de su Plan de Actuación inmediata para la Mejora de la Justicia, un conjunto de medidas aprobadas a finales de octubre. En este documento, el CGPJ abogaba, como primer paso, por reducir su número y mejorar su formación.
La labor de los funcionarios, de hecho, resulta clave para el funcionamiento de cualquier órgano judicial. De ellos dependen tareas cotidianas pero imprescindibles para la celebración de los juicios como los actos de comunicación a las partes, la atención directa a los ciudadanos, la recogida y recopilación de documentación o el funcionamiento y actualización de los registros. Por eso, la interinidad en estos puestos puede alterar toda la rutina de un juzgado y si el candidato elegido no reúne el perfil adecuado, acabará repercutiendo en el trabajo del secretario y el juez.
La interinidad, con todo, no es el único problema que afecta al colectivo de los funcionarios judiciales. Según datos de la Consellería de Presidencia, de la que depende todo el cuerpo de auxilio y tramitación procesal de los juzgados gallegos, en estos momentos hay 72 personas realizando labores de apoyo en toda la comunidad, un refuerzo que, en ocasiones, resulta tan o más necesario que la asignación de un juez de apoyo.