El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Dívar, defendió hoy en el Congreso de los Diputados que la reacción producida «en el seno de amplios sectores de la judicatura», en referencia a las protestas y la huelga de los jueces, «no es de extrañar» teniendo en cuenta la situación de la administración de Justicia.
Dívar, durante su intervención ante la Comisión de Justicia del Congreso, dijo que no es «de extrañar» que los jueces y magistrados «se sientan indebidamente señalados como responsables de una situación nada deseable».
En este sentido, destacó que no se puede señalar al juez como «responsable exclusivo del estado de la administración de justicia, cuando no puede administrar justicia desde el respeto a unos estándares mínimos de calidad, en cuanto a los medios disponibles y la carga de trabajo se refiere».
De hecho, el juez es, «junto al justiciable, quien más directamente sufre las consecuencias de una situación, que repercute sobre sus condiciones de trabajo e incluso sobre su vida personal y familiar», según el presidente del CGPJ.
Dívar quiso dejar claro que el juez «no elude su responsabilidad» y que sus protestas, como la huelga celebrada el pasado 18 de febrero o la convocada para el próximo 26 de junio, «no son corporativas, sino en beneficio de los intereses de la sociedad».
«Las protestas judiciales de las últimas semanas han servido para alertar a la ciudadanía de una situación en muchos casos insostenible, por eso creo llegado el momento de exhortar a los poderes públicos responsables sobre la necesidad de sentar las bases para colocar a la justicia española en el lugar que le correponde», dijo Dívar.
NUEVA OFICINA JUDICIAL Dívar no quiso dejar pasar la oportunidad de comentar la Ley Órganica que regula la nueva oficina judicial y que en estos momentos se encuentra en tramitación en el Parlamento.
A este respecto, Dívar hizo suyas las quejas de los jueces y magistrados y advirtió del peligro que supondría dejar en manos de los secretarios judiciales alguna de las potestades que ahora ostentan en exclusiva los jueces, como es la de formular los señalamientos.
El presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ aseguró que la plasmación legal de la nueva oficina judical debe cuidar «la posición cimera e independiente de los jueces, que nunca ha de quedar subordinada ni condicionada a la de ningún otro funcionario judicial».
También señaló que es preciso adoptar medidas de estabilidad de personal que reduzcan los índices de interinidad en los juzgados y tribunales ya que muchos de estos trabajadores no tienen «ni formación ni vocación jurídica, lo que dificulta su idoneidad de su desempeño y la estabilidad de las plantillas».
Asimismo, exigió «el mayor de los esfuerzos» para modernizar la administración de justicia y dotarle de los medios materiales necesarios para dejar atrás la imagen de «una justicia propia de épocas pasadas».
Por último, Dívar hizo una referencia al ejercicio de la potestad disciplinaria que corresponde al CGPJ como máximo órgano de gobierno de los jueces. En este sentido, dijo que la potestad disciplinaria «constituye una garantía objetiva contra la intromisión de los demás poderes del estado en la labor desempeñada por jueces y magistrados».
El presidente del CGPJ quiso destacar «la imposibilidad de interpretar extensivamente las normas sancionadoras» y la necesidad de respetar «el principio de proporcionalidad», en referencia a la sanción impuesta al juez de Sevilla Rafael Tirado por el «caso Mari Luz».
