La vocal del Consejo General del Poder Judicial Margarita Uría ha defendido hoy la necesidad de descentralizar la Administración de Justicia para hacerla más cercana al ciudadano, aunque ha advertido de que ni el legislador ni el Gobierno prevén realizar dicha reforma a corto o medio plazo.
En una conferencia organizada por la Facultad de Derecho de la Universidad del País Vasco en Bilbao, Uría ha considerado que “si se lograse que el servicio público de la Justicia fuese más cercano y pudiese ser gobernado por las Comunidades Autónomas, desde luego que los ciudadanos lo notarían y la Justicia mejoraría sensiblemente”.
Ha opinado que para avanzar hacia la descentralización “habría que desatar muchísimos nudos y desactivar muchísimas minas, que no vienen de la propia Constitución, sino que fueron introducidas por el legislador orgánico a lo largo del tiempo”.
Así, ha reprochado que “cuando en el Consejo General del Poder Judicial se habla de Comunidades Autónomas sea sólo para pedir” mayor dotación de medios materiales o de personal, y que “no se hable de ellas sobre la posibilidad de darles competencias de poder”.
Uría se ha preguntado “si el nuevo ministro -Francisco Caamaño- se atreverá a presentar una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial” para avanzar a esa descentralización, puesto que “ha reconocido que aquellas comunidades donde las cosas van mejor es donde han asumido competencias en la materia”.
La ex diputada del PNV ha recordado que con la redacción del Estatuto de autonomía de Cataluña se reabrió hace unos años el debate sobre la adaptación de la Justicia al Estado de las Autonomías y se apuntaba la creación de un consejos autonómicos, pero esa discusión “se diluyó” y en estos momentos “no está en el calendario ni del legislador, ni del Gobierno ni tampoco es un asunto que se trate en el seno del CGPJ”.
Además, ha dicho que el proyecto de nuevo Estatuto para el País Vasco, redactado por el Ejecutivo tripartito presidido por Juan José Ibarretxe, recogía ese órgano judicial y “hablaba de la estrecha colaboración” que debía tener con el CGPJ “pero no de subordinación, como se había defendido como ineludible” hasta entonces.
En cualquier caso, ha concluido que es “pesimista” ya que ve “muy lejano el momento en que el sistema constitucional de la Administración de Justicia se apoye en algo en el nivel autonómico”.
