La conflictividad laboral y económica dispararán la litigiosidad tras el verano.
Lo advirtió el propio presidente del Tribunal Superior de Xustiza al presentar la memoria judicial de Galicia del año 2019: «Se prevé un aumento de asuntos en tres jurisdicciones: social, mercantil y contencioso-administrativa».
José María Gómez y Díaz-Castroverde aclaró que son solo previsiones, pero lo cierto es que la gran ola que se esperaba una vez finalizado el estado de alarma no ha entrado todavía en los juzgados. ¿Cuándo llegará? «El alcance que puede tener eso nos es desconocido, pero de alguna manera pensamos que cuando se terminen las prórrogas de los ERTE puede aumentar la conflictividad en la jurisdicción social», explicó el presidente del Tribunal Superior de Xustiza.
Los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) a los que se refiere Castroverde deberían terminar a finales de septiembre, cuando acaba la prórroga concedida por el Gobierno tras el estado de alarma, por lo que no sería hasta entonces cuando llegaría la previsible conflictividad laboral por despidos y recursos de empresas ante posibles sanciones. En todo caso, es muy probable que el plazo de vigencia de los ERTE se prorrogue de nuevo, como avanzó la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que se mostró dispuesta a negociar con los agentes sociales una posible ampliación de ese sistema.
Empresas en concurso.- Otro posible brote de conflictividad para la segunda mitad del año es económico, para cuando expire la limitación actual a la presentación de concursos por parte de las empresas. Cuando esa moratoria concluya, la conflictividad puede trasladarse a los juzgados de lo mercantil. Y algunos analistas auguran miles de concursos de empresas que se encuentran en dificultades ya desde antes del confinamiento.
La tercera jurisdicción a la espera de una avalancha de asuntos es la de lo contencioso-administrativo. Se aguarda la presentación de miles de recursos frente a las sanciones resultantes de las denuncias de los agentes de las fuerzas de seguridad durante el confinamiento domiciliario, en la mayoría de los casos por saltarse las restricciones de movimiento.
Ante esas previsiones, lo peor esta por venir, con un aumento de casos imposible de calcular. Está por ver la incidencia que eso tendrá en los juzgados gallegos. El presidente del Tribunal Superior asegura que los órganos judiciales de Galicia están preparados: «Tenemos refuerzos, hemos ampliar las sustituciones voluntarias y las comisiones de servicio y se ha podido normalizar la situación». Y añade que en la actualidad ya se han recuperado las tasas de resolución normales.
Cómo dar soporte a los juzgados de lo social y mercantil, que requieren gran especialización
Evitar que los juzgados se colapsen es el principal objetivo de los responsables de la Justicia, que están analizando cómo solucionar los problemas derivados del parón causado por la pandemia del coronavirus. La situación actual y futura se abordó en la última reunión que el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, mantuvo con los presidentes de los tribunales superiores. En la reunión se puso de manifiesto el reto que tienen los juzgados y tribunales para tramitar los miles de asuntos que se esperan en los próximos meses más los que quedaron paralizados como consecuencia del estado de alarma.
Pero como se espera en Galicia, en el resto de los tribunales superiores españoles también se prevé un incremento de asuntos en las jurisdicciones social y mercantil ante los recursos que entrarán en los juzgados en relación con conflictos laborales y con la quiebra de empresas.
Y la solución no parece fácil en esos dos ámbitos, ya que tanto en el orden social como en el mercantil los refuerzos que se apliquen en esos juzgados deberán tener un perfil con un alto nivel de especialización, como se requiere siempre en esas dos jurisdicciones, tan fundamentales en estos momentos.
