Francisco Caamaño Ministro de Justicia

Francisco Caamño Rodríguez, Ministro de Justicia

Francisco Caamño Rodríguez, Ministro de Justicia

laopinionFuente:Laopinioncoruña.es

«Tenemos una legislación del siglo XIX para un país del siglo XXI». «Mi mirada no está puesta en intentar evitar una huelga de jueces, sino en lograr una Justicia de calidad al final de la legislatura»

Como secretario de Estado negoció con los nacionalistas catalanes la reforma del Estatut y ahora, como ministro de Justicia, le toca ‘lidiar’ con sus compañeros de profesión. Dos negociaciones, asegura, «completamente distintas», pero con una pauta de trabajo común: diálogo y discreción. Francisco Caamaño (Cee, 1963) admite que su meta no es evitar una huelga de jueces, sino conseguir una «Justicia de calidad» al final de la legislatura. Para lograr su objetivo, rehúye de la «presión» de la opinión pública con casos como los de Mari Luz o Marta del Castillo. De lo contrario, advierte, se corre el riesgo de legislar en función de la repercusión mediática de un determinado delito

ROSA PRIETO | MADRID ¿Está satisfecho con el funcionamiento de la Justicia en España?

-El funcionamiento de la Justicia en España es mejorable, pero soy razonablemente optimista porque creo que, con el esfuerzo de todos, vamos a ser capaces de cambiar las cosas. Lo podemos conseguir.

-La opinión pública, en general, considera que la Justicia es lenta, que está excesivamente burocratizada y que no es justa.

-Soy consciente de que los españoles consideran que la Administración de Justicia no es el mejor de los servicios públicos y que, en gran parte, tenemos una legislación del siglo XIX para un país del siglo XXI. Tenemos muchos retos por delante. Sólo mediante un amplio acuerdo seremos capaces de conseguir esa Justicia de calidad que todos queremos.

-Desde que entró en vigor el Código Penal de 1995 se acometieron más de una veintena de reformas. Da la sensación de que se legisla a golpe de manifestaciones sociales y de que se endurecen las penas por la repercusión mediática de algunos casos, como fue el de Mari Luz.

-Una de las grandes presiones que tiene el legislador es la de la opinión pública, que se produce como consecuencia de algunos episodios muy llamativos y muy relevantes, pero excepcionales. En el Código Penal debe imperar siempre el principio de mínima intervención. Corremos el gran riesgo de que como consecuencia de sentimientos y de determinadas presiones mediáticas se olvide ese principio de mínima intervención y pasemos a un derecho penal muy vinculado a la noticia y, por tanto, poco reflexivo. Eso no es bueno en ningún país democrático.

-Algunas sentencias recientes ponen de manifiesto el excesivo corporativismo en la Judicatura. ¿Hay errores judiciales que no son castigados con la severidad que merece la falta cometida?

-Esa es una competencia que corresponde al Poder Judicial. Soy consciente de la preocupación que existe y me consta que se están adoptando todas las medidas necesarias para impedir que cualquier veleidad corporativa pueda pesar sobre las decisiones que responsablemente tienen que tomar.

-El nuevo mapa judicial del que habla, ¿significa superar el modelo territorial provincial?

-Antes debemos saber qué modelo es el mejor para saber hacia dónde caminar. No es lo mismo introducir modificaciones dentro de un modelo para alcanzar una meta concreta, que estar parcheando continuamente legislaciones sin saber qué meta queremos alcanzar.

-¿Es partidario de la creación de juzgados específicos, bien en materia de corrupción, caso, por ejemplo, de Andalucía, o de narcotráfico, caso de Galicia?

-Es el diseño de la planta judicial la que nos dirá qué necesidades requerimos. Ello no impide que, excepcionalmente, haya que crear unidades de apoyo en determinados órganos judiciales para atender a supuestos excepcionales o a tipos de delincuencia concentrados en una parte del territorio. Los ciudadanos tienen que tener una visión clara de una estructura judicial estable. El ciudadano tiene derecho a ser juzgado por aquel juez que la ley ya ha establecido y no que se le cree un juzgado ad hoc en función de la persona o del crimen cometido.

-¿Es adecuado mantener un juzgado especial en la Audiencia Nacional que puede acabar creando jueces estrella?

-La función de la Audiencia Nacional, donde se plantean algunas dificultades a causa de eso que llama jueces estrella, no es la de juzgar sino la de instruir. Tenemos previsto reformar la Ley de Enjuiciamiento Criminal para que, entre otras cosas, la función del juez instructor se ajuste a lo que ocurre en el resto de países de nuestro entorno: que el peso de la investigación la lleve el Ministerio Fiscal y que el juez actúe en la instrucción como un juez de garantías. No hay jueces estrella sino asuntos que, por su trascendencia, confieren al juez un papel muy relevante ante la opinión pública.

-Usted llegó al Ministerio en un momento convulso para la Justicia, ¿Es más complicada su tarea de ahora que la intensa negociación que mantuvo con los nacionalistas catalanes para la reforma del Estatut?

-Son negociaciones completamente distintas. Compararlas sería un error. Sí tienen en común una cosa: diálogo permanente, esfuerzo por el trabajo y la búsqueda de objetivos que coincidan con la demanda de la ciudadanía en cada momento. En el caso de los Estatutos de Autonomía, mi posición fue la de facilitar una comprensión entre las Cortes y los Parlamentos autonómicos. En esa dirección he trabajo. Y con resultados, al menos para los estatutos aprobados, bastantes satisfactorios. Ahora persigo hacer lo mismo. Diálogo, trabajo, discreción y que los objetivos finales redunden en beneficio de los ciudadanos.

-¿Qué pesa más en sus actuales negociaciones con los distintos sectores de la Justicia: su bagaje como jurista o su perfil de gallego ejerciente?

-Lo importante es tener un buen equipo. Sé además que cuento con el apoyo de otras muchas instituciones y personas. Existen elementos en los que ponernos de acuerdo para ofrecer a los ciudadanos un servicio público y una Administración de Justicia de calidad. Eso requiere que dejemos a un lado algunas de nuestras posiciones, legítimas pero a veces egoístas, y pensemos en el interés general. Como sé que esto es así, confío en que alcanzaremos esos objetivos.

¿Qué quiso decir con «poner el marcador a cero» cuando tuvo la primera reunión con las asociaciones de la judicatura?

-Que las negociaciones que hubiesen existido entre las asociaciones y el Ministerio, sus dimes y diretes, para mí dejaban de existir. Quiero trabajar con las asociaciones para buscar y encontrar soluciones pensando en el día de mañana.

-¿El Ministerio anterior cometió errores?

-En la gestión de Gobierno, todos cometemos errores. Pero al final son los ciudadanos quienes, con su voto, valoran la gestión política. Por eso mi mirada no se para en el corto plazo, ni está puesta en intentar evitar un paro pretendido para determinadas fechas. Tengo la mirada puesta en el final de la legislatura y en haber conseguido en este tiempo realidades tangibles para los ciudadanos.

¿Cuáles son las reivindicaciones más difíciles de asumir?

-Hay temas en los que las propias asociaciones son conscientes, ya no sólo de la limitación que puede haber a la hora de formular consensos parlamentarios, sino por la realidad económica de nuestro país. Como puede ser la relativa a mayores inversiones en materia de Justicia. Estamos haciendo un esfuerzo inmenso, como no se ha hecho nunca en la historia de la democracia española. En la última legislatura del PP el presupuesto de Justicia se incrementó en sólo ocho millones. Nosotros, el Gobierno que preside Rodríguez Zapatero, en estos tres años, vamos a invertir 600 millones para modernizar la Justicia. Probablemente no sea todo lo necesario, pero vamos a hacer ese esfuerzo.

-¿No habrá ahora ese aumento salarial que reclaman?

-Las asociaciones son conscientes de la situación de crisis que vivimos. Por tanto, prefieren sentarse a negociar, no reivindicaciones puntuales, sino cómo regular mejor las estructuras salariales de los diversos cuerpos implicados en la Administración de Justicia.

-Hay jueces que cobran unos 2.700 euros al mes. ¿Garantiza este sueldo su independencia?

-Los jueces son independientes porque se han formado para serlo, más allá del salario que tengan. Es tan independiente un juez de primera instancia en el ejercicio de su función, que gana mucho menos, como un magistrado del Supremo. Es verdad que tienen responsabilidades distintas, pero uno y otro son independientes y no tengo dudas de que su salario nada tiene que ver con el ejercicio cabal de una profesión que también tiene mucho de vocación.

-¿Los jueces aupados por los Parlamentos autonómicos pueden instruir o juzgar causar en las que estén implicados políticos?

-La independencia de cada juez se predica en el ejercicio de su función. No tengo duda de que quien es juez y ha ejercido durante años esa profesión con absoluta dignidad, vaya a dejar de ser el mismo juez al día siguiente de ser designado por el Poder Judicial, por un Parlamento o por otros órganos políticos. Y, por poner también algún ejemplo, tenemos el caso de Estados Unidos donde el presidente nombra al Tribunal Supremo, probablemente el más importante del mundo, y a nadie, en su sano juicio, en EEUU se le ocurre cuestionar la independencia de ninguno de sus miembros.

-¿Se ha convertido casi en norma la figura excepcional del juez sustituto?

-Es una verdadera preocupación. Mi compromiso es buscar una Justicia de calidad y titular, que quienes dicten las sentencias sean jueces titulares. Inevitablemente, como en toda profesión, será imprescindible acudir a la figura del juez sustituto, pero se puede evitar el volumen de sustituciones que tenemos hoy. Por eso estamos trabajando en la creación de la figura del juez de adscripción territorial. Este sería un magistrado al servicio del presidente de un Tribunal Superior de Justicia que atendería suplencias en determinados juzgados. La otra vía es potenciar que los propios profesionales asuman sustituciones de menos duración temporal, de cinco o siete a días. Es decir que un juez del tribunal de al lado asuma funciones de titular en ese juzgado, por las que se le retribuya.

-Muchos jueces piden el traslado de comunidades como la gallega al año de tomar posesión de sus juzgados por el tema del idioma. ¿Está previsto ampliar el periodo mínimo para pedir el traslado y evitar tanta movilidad?

-Hay lugares donde se produce esa movilidad, pero hay otros donde ocurre lo contrario. No creo que sea bueno que un juez de primera instancia permanezca mucho tiempo en el mismo lugar. No es bueno para él pero, aunque así lo decidiera, tampoco para la Administración de Justicia. Hay países, como Francia, donde se establece la posibilidad de que estén durante un periodo máximo en un sitio. Por la misma razón podríamos establecer la pauta de que tampoco es bueno que los jueces tengan una movilidad permanente. Estamos estudiando este tema y buscando soluciones para lo uno y para lo otro porque los efectos son dobles: jueces que se mueven muy rápido, de un tribunal a otro, pero también jueces que desean quedarse en un lugar.

-¿Esa movilidad sería mayor si además se exigiera el conocimiento de las lenguas cooficiales?

-No está previsto que se les exija. Otra cosa es la conveniencia de que quien juzga entienda a las personas que son juzgadas. La Constitución reconoce a los ciudadanos el derecho a utilizar su lengua cooficial ante los tribunales de Justicia. Pero los jueces y magistrados pertenecen a un cuerpo estatal y no tienen la obligación legal de conocer más que la lengua oficial del Estado, que es el castellano.

-¿Se reforzarán juzgados que soportan grandes cargas de trabajo, como los que llevan los casos del Prestige o de Fadesa?

-En el caso del Prestige, quiero recordar que en EEUU también se está haciendo una instrucción judicial y, aunque empezó prácticamente a la par que la del juzgado de Corcubión, está menos avanzada. Los asuntos complejos ofrecen dificultades a un lado y otro del Atlántico. Debemos trabajar en unión con la Xunta y sus responsables de Justicia para facilitar ese mayor apoyo en la fase instructora del proceso.

-Para casos como el de Fadesa está la nueva ley concursal.

-La ley concursal que teníamos fue hecha para situaciones de bonanza económica y no pensada para situaciones de crisis como la actual. Esto ha hecho que los juzgados de lo mercantil, en general, hayan recibido muchísimos procedimientos concursales y encuentren grandes dificultades para poder tramitarlos. Por ello hemos aprobado un decreto ley específico con dos fines: permitir una mejor refinanciación de las empresas para evitar la liquidación de las mismas y darles más posibilidades de reflotamiento y, en segundo lugar, descargar gran parte de las tareas que tienen los juzgados de lo mercantil, que estaban muy desbordados en estos momentos.

¿El Estatuto gallego no quedará ni un milímetro por debajo del Estatuto catalán?

-Deberían responderlo quiénes lo dicen. El Estatuto de Galicia tiene que ser el que quieran los gallegos y no el que han querido los catalanes para sí. Eso es el derecho al autogobierno, que cada comunidad decide, dentro de la Constitución y de las posibilidades que esta establece, cómo quiere autogobernarse y qué competencias quiere ejercitar. Esta decisión sólo puede tomarla el Parlamento de Galicia y los gallegos.

-¿Los Estatutos vasco y catalán están en la frontera de la autodeterminación?

-En absoluto. El único que se autodetermina con la Constitución en la mano es el pueblo español aprobándola o reformándola.

-Las regiones con menor nivel económico, como Galicia o Asturias, ¿están en condiciones de gestionar una Justicia eficaz?

-No es un problema de riqueza sino de asumir el traspaso de competencias. En estos momentos quedan seis comunidades que todavía no las han asumido. Es importante que lo hagan, porque las comunidades tienen un cometido fundamental en la planificación y creación de nuevos órganos y en todo lo que tiene que ver con los recursos que se aplican. El Ministerio colaborará y, en los términos previstos en la Constitución, impulsará todo proceso de traspasos.

-Touriño había pensado en usted para un posible segundo mandado. ¿Se lo hubiera pensado?

-No sé qué hubiera hecho en ese momento. A día de hoy soy ministro de Justicia. Es un nombramiento del presidente del Gobierno que me honra y al que estoy dedicando todo mi esfuerzo, mi buena voluntad y mi saber. Lo hago con la convicción de que trabajando por España también lo hago por Galicia.

-Su sitio ahora está en Madrid, pero ¿le gustaría encabezar la lista del PSdeG a la Presidencia de la Xunta, tal y como auguran algunas quinielas?

-Yo esas quinielas no las he cubierto. Lo que me corresponde ahora es ejercer mi responsabilidad y trabajar. Ahora sólo trato de llevar a buen puerto la nave de la Justicia.

-¿José Blanco sería un buen presidente de la Xunta?

-Es un político excelente. Lo demostró como diputado, como secretario de Organización del PSOE y como vicesecretario general y ya lo está demostrando como ministro de Fomento. Así que, por tanto, también sería muy buen presidente.

-Con su nuevo cargo, ¿su mujer sigue diciendo a sus amigas eso de «está en la marea de la Moncloa»?

-Se ha cansado ya de repetirlo. Una de las cuestiones más complejas que tiene este tipo de cargos es la conciliación de la vida familiar. Afortunadamente mis hijas y mi mujer son muy comprensivas con este padre y este marido que les ha tocado. Sé que abuso de su confianza y de su cariño, pero también sé que en cierto modo me comprenden.

-¿Viaja menos a Galicia?

-Siempre que puedo voy. Galicia sigue estando mi casa, con mayúsculas. Es mi paisaje, mi gente, mi entorno? Allí me cargo de energía para volver a mi trabajo.

-Usted es un gran aficionado al mar. ¿Navegaría en el mismo barco con un juez que estuviera instruyendo una causa que afecta al principal partido de la oposición?

-Lo subiría al barco y cuando estuviera en cubierta le diría «por favor suelta la amarra de la mura de babor». Si mira hacia arriba, no lo llevaría en mi barco. Para navegar hay que saber lo que se está haciendo.

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