Fuente: Expansión.com
El Congreso de los Diputados ha aprobado sin votos en contra un paquete de cinco medidas destinadas a la modernización de la Justicia después de que el PP aceptase la enmienda de sustitución presentada por el PSOE a su moción contra el plan propuesto por el Gobierno para desbloquear la Administración judicial.
Estas medidas aprobadas son similares a las que incluía inicialmente el PP en su moción, por lo que la diputada popular Dolors Montserrat interpretó ayer la posición del PSOE como “una claudicación”. “Han claudicado ante nuestros argumentos por lo que de nuevo bienvenidos”, expresó Montserrat quien reprochó al grupo socialista su actitud “cambiante” y “veleta” al tiempo que le culpó de haber roto “unilateralmente” en el pasado el pacto por la Justicia.
Asimismo, la diputada popular responsabilizó a la política de Justicia llevada a cabo por el Gobierno del paro jueces y secretarios judiciales que tuvo lugar el pasado 21 de octubre en toda España a partir del ‘caso Mari Luz’ e introdujo una quinta enmienda transaccional -aceptada por el PSOE- que consiste en “analizar la posibilidad de que los ingresos por el concepto de tasas judiciales complemente los recursos destinados a la modernización de la Justicia”.
“La modernización es una cuestión de Estado”, valoró Villarrubia quien hizo hincapié “en la necesidad de consenso”, informa Europa Press. En ese sentido, replicó las expresiones de Montserrat negando que lo aprobado hoy sea “una claudicación”, del Grupo socialista ya que, según recordó, “ha sido aceptado por el PP”. “Hemos dado un ejemplo de que es compatible llegar a acuerdos con la oposición en materia de Justicia, hemos llegado a un acuerdo no hay ninguna claudicación”, insistió.
Oficina judicial, antes de Navidad
El acuerdo aprobado por la Cámara Baja consiste en los cuatro puntos presentados por el PSOE, que tal y como defendió el diputado socialista Julio Villarrubia apuestan por “impulsar la comisión Mixta de Justicia-CGPJ, así como mantener el diálogo permanente con los sindicatos de funcionarios y secretarios judiciales a fin de dar respuesta satisfactoria a las demandas de modernización de la Administración de Justicia reclamadas por la sociedad”.
El segundo punto defiende “impulsar junto con el CGPJ y la Conferencia Sectorial de Justicia una adecuada coordinación y correcta compatibilidad de los sistemas informáticos implantados en los juzgados y tribunales y otros organismos dependientes del Ministerio de Justicia, del CGPJ y de las Comunidades autónomas con competencias transferidas en materia de Justicia”.
Además, el Congreso emplaza al Gobierno a “remitir a las Cortes, en este periodo de sesiones, el proyecto de reforma de las leyes procesales con el objeto de implantar definitivamente la nueva oficina judicial” y “poner en marcha el procedimiento establecido en el artículo 35 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) con el objeto de poder remitir a las Cortes un proyecto de ley de Nueva Demarcación y Planta Judicial en el plazo de un año una vez cumplido el procedimiento legal previsto”.
Hecho pisitivo
La iniciativa fue respaldada también por las formaciones nacionalistas. El diputado de CiU Jordi Jané votó a favor, según dijo, “por el hecho positivo de que se alcance un acuerdo sobre una moción sobre Justicia”. “Esto es lo que esperan los ciudadanos que piensan que la Administración de Justicia no les da la respuesta que esperan”, añadió Jané, quien abogó por quedarse “con el punto de acuerdo y la novedad de este acuerdo”.
En ese sentido, el dirigente nacionalista apostó por “huir de las criminalizaciones fáciles como los que se produjeron en el ‘caso Mari Luz'”. “No busquemos culpables directos y busquemos lo que falla del sistema en su conjunto”, dijo.
En representación de ERC, Joan Ridao, calificó de “oportunista” la moción del PP y aseguró que “cabalga sobre la protesta judicial del pasado 21”. “Si un marciano bajara a esta cámara y hubiera escuchado algunas intervenciones quizá podría pensar en que el origen de esta moción son los retrasos crónicos”, denunció ERC, quien añadió que “la moción oculta que los secretarios alentaron el paro a partir del caso tirado. “Aquí lo que hubo fue un cierre de filas corporativista”, sentenció.
Por su parte, desde el Grupo Mixto, la diputada de UPyD Rosa Diez optó por abstenerse al considerar que el texto debatido resulta “muy poco ambicioso” y reprochó que “el pacto de la Justicia entre PP y PSOE” haya consistido en “repartirse el poder en el CGPJ”.
