Francisco Caamño Rodríguez, Ministro de Justicia
Aseguró en A Coruña que el recorte presupuestario por la crisis no afectará a la Administración judicial
La modernización de la Administración de Justicia en España se llevará a cabo en el plazo de tres años y se hará con arreglo a un plan en el que ya están trabajando un equipo de expertos. Ese plan será sometido a la aprobación del Consejo de Ministros en el plazo de seis meses y a continuación será objeto de debate público para que puedan opinar y hacer aportaciones todas las partes afectadas.
Este es al menos el compromiso que el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, expuso ayer en A Coruña, antes y durante la conferencia pronunciada en un curso de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo sobre la justicia en tiempos de crisis.
Caamaño puso este plan a salvo de los recortes presupuestarios impuestos por la crisis económica. «Tengo claro -dijo- que a pesar de que va a haber un claro recorte presupuestario, la modernización de la Administración de Justicia sigue siendo un objetivo prioritario e inaplazable de este Gobierno».
Francisco Caamaño dice que tiene claro que una buena Administración de Justicia es fundamental para salir de la crisis. «Dar seguridad a nuestras empresas de que las expectativas que se están generando, de que el dinero que no está en circulación porque está en los tribunales, de quiebras y de impagos se va a agilizar supone ayudar a nuestros empresarios y a nuestros trabajadores a tener predicciones mucho más exactas y fiables». A título de ejemplo ofreció un dato: solo en la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo están paralizados en estos momentos más de 6.200 millones de euros, un 70% de ellos a favor del Estado.
Cambios estructurales
El ministro, en respuesta a las reivindicaciones de los jueces que mantienen una convocatoria de huelga para octubre, reiteró que los problemas planteados no se resuelven solo con más recursos y más personal. «Hacen falta cambios estructurales que tienen que ver con una nueva Ley de Planta Judicial, porque la que tenemos responde a la realidad del siglo XIX. Hay que establecer procedimientos más ágiles: de nada sirve informatizar la Justicia si los procedimientos legales no se adaptan a las nuevas tecnologías».
Con más optimismo que la mayoría de los profesionales de la Justicia, mantiene la fecha del 1 de enero del 2010 para la puesta en marcha de la nueva oficina judicial. Tras reconocer que también hacen falta más jueces, fiscales y secretarios aseguró que «con la informática y esta nueva forma de trabajo, la cara que hoy tenemos de la Administración de Justicia y el funcionamiento de nuestros juzgados serán completamente distintos a los de hoy».
