APROBADO EL CONVENIO PARA EL PROGRAMA IUS+RED
El Consejo de Ministros ha autorizado el convenio marco de colaboración entre el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, a través de la Entidad Pública Empresarial Red.es, para el desarrollo de servicios públicos digitales en el ámbito de la Administración de Justicia, del Programa Ius+Red, que permitirá sentar las bases del desarrollo tecnológico previsto en el Plan Estratégico de Modernización de la Justicia 2009-2012.
Este convenio establece la posibilidad de que las Comunidades Autónomas con competencias en materia de Justicia suscriban convenios de colaboración para cofinanciar actuaciones, en el ámbito procesal, de interoperabilidad y de difusión. Asimismo, la Administración General del Estado financiará íntegramente las actuaciones derivadas de este convenio que se realicen en las Comunidades Autónomas sin competencias en Justicia.
La firma de estos convenios trilaterales específicos permitirá completar el mapa de todas las administraciones implicadas en el ámbito judicial, unificar esfuerzos y avanzar, de forma consensuada y por todo el territorio nacional, hacia un modelo de Administración de Justicia ágil y tecnológicamente avanzado, que preste mayor y más eficaz servicio al ciudadano.
EL MAYOR PLAN DE FORMACIÓN EN LA HISTORIA DE LA JUSTICIA INSTRUIRÁ A 14.000 FUNCIONARIOS DE LA NUEVA OFICINA JUDICIAL (ÁMBITO NO TRANSFERIDO)
- El proceso, iniciado en febrero, formará a todo el personal de la Administración de Justicia en el nuevo modelo de organización judicial.
- El plan formativo, con un coste cercano a los tres millones de euros, va dirigido a 4.000 secretarios judiciales y 10.000 funcionarios a través de 1.300 cursos
El Consejo de Ministros ha adoptado un Acuerdo por el que se ratifica el proceso de formación que está llevando a cabo el Ministerio de Justicia con todo el personal al servicio de la Administración de Justicia para su adaptación al nuevo modelo de organización judicial, tal y como lo contempla el Plan estratégico para la Modernización del sistema de Justicia 2009-2012.
Se trata del plan de formación más ambicioso y el de mayor magnitud de cuantos se han llevado a cabo en la historia de la Administración de Justicia española.
Se inició en el mes de febrero y alcanzará aproximadamente a unos catorce mil servidores públicos de la Administración de Justicia, con un coste total estimado cercano a los tres millones de euros. Elaborado por el Ministerio de Justicia en colaboración con el Centro de Estudios Jurídicos, prevé que se impartan conocimientos en Nueva Oficina Judicial y reformas procesales mediante unos 1.300 cursos de formación a lo largo de los meses de marzo y abril.
El Plan se divide en dos grupos formativos, uno dirigido a las casi cuatro mil personas que integran el Cuerpo de Secretarios Judiciales en España y otro a los cerca de diez mil funcionarios de los cuerpos de Gestores Procesales, Tramitadores Procesales y Auxilio Judicial, que trabajan en aquellas Comunidades Autónomas cuyas competencias corresponde al Ministerio de Justicia: Illes Balears, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, La Rioja y Murcia, además de las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla.
Contenidos
La materia objeto de este Plan de Formación está compuesta por tres partes bien diferenciadas.
- Modelo organizativo de la Nueva Oficina Judicial.
- Reformas Procesales de la Ley Orgánica de 3 de noviembre de 2009.
- Nuevas Tecnologías que acompañan dichas reformas, y que se concreta en la aplicación informática Minerva NOJ y la nueva Agenda de Señalamientos.
MÉTODOS DE FORMACIÓN
El Plan recoge tres tipos de acciones formativas genéricas destinadas a usuarios implicados en los procedimientos judiciales: modalidad presencial, formación e-learning y formación para formadores (sistema de certificaciones). Todos los cursos que se desarrollen en el seno de este Plan durante el año 2010 se impartirán en horario laboral, siempre y cuando las necesidades del servicio y el número de horas lectivas lo permitan.
Formación presencial
Los novecientos secretarios judiciales que trabajan en aquellas Comunidades Autónomas sin competencias en materia de Justicia recibirán, además, formación en nuevas tecnologías asociadas a la Nueva Oficina Judicial, en salas habilitadas para impartir dicha formación. Los cursos impartidos dentro de estas Comunidades están centralizados en Madrid.
Los restantes 3.200 secretarios judiciales que trabajan en aquellas Comunidades Autónomas con competencias transferidas en materia de Justicia sólo recibirán formación en materia de Nueva Oficina Judicial y reformas procesales. Los cursos se impartirán de manera descentralizada en las principales capitales de provincia.
En ambos casos la asistencia es obligatoria para todos los secretarios judiciales debido a la importancia de la reforma, cuyos contenidos deben conocer íntegramente ya que afecta directamente a su trabajo.
Además, en una segunda fase el Centro de Estudios Jurídicos tiene diseñado un plan para dar formación a todo el colectivo de secretarios judiciales (tanto los del territorio Ministerio como los de las Comunidades Autónomas con competencias transferidas) en dos materias que se consideran muy importantes debido a las nuevas funciones atribuidas por el legislador al Cuerpo Superior Jurídico de Secretarios Judiciales. Se trata de “Mediación y conciliación” y “Ejecución civil”. Los cursos sobre estas dos materias se impartirán a partir de mayo.
Los aproximadamente diez mil funcionarios del considerado territorio Ministerio recibirán formación descentralizada y obligatoria en los tres bloques.
Formación on-line o “ e-learning ”
Aunque la formación será primordialmente presencial, el Ministerio de Justicia, con ánimo de lograr la inclusión de todos sus funcionarios, así como para que sirva de material de refuerzo y herramienta de consulta, pondrá a disposición de éstos una plataforma de formación “e-learning”, con unos contenidos equivalentes a los impartidos en dicha formación presencial.
De esta manera, los funcionarios, bien sean secretarios judiciales o de los cuerpos de Gestión Procesal, Tramitación Procesal o Auxilio Judicial, que no puedan asistir a los cursos presenciales, o que se encuentren en regiones geográficas en las que la asistencia a la formación presencial no sea posible, puedan recibir una preparación equivalente y beneficiarse de estos conocimientos.
Formación de formadores (Sistema de Certificaciones)
Con el fin de lograr una sinergia de esfuerzos por parte de los actores implicados en este proyecto global, se plantea una red de funcionarios formadores, a través de un sistema de certificaciones en las diversas materias objeto de este plan de formación. Este sistema permitirá constituir una red de funcionarios especialistas que, a su vez, junto a formadores del Servicio de Formación de Nuevas Tecnologías del Ministerio, participen como dinamizadores en esta nueva etapa de cambio y adaptación.
Estos cursos de certificación o de formación de formadores se diseñan para dos perfiles diferentes. Por un lado, los secretarios judiciales, actores protagonistas en el cambio que implica la Nueva Oficina Judicial y, por otro, el personal de los Cuerpos de Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal y Administrativa y Auxilio Judicial. En ambos casos el objetivo final es el mismo: capacitar a los asistentes para su participación activa como docentes o expertos de apoyo en las acciones formativas que durante este año 2010 y antes de la entrada en vigor de la Ley se realizarán por todo el territorio nacional.
CONCLUSIONES DE LA COMISIÓN DE EXPERTOS PARA ADAPTAR A LA ESPAÑA ACTUAL LA LEY DE DEMARCACIÓN Y PLANTA JUDICIAL
- Recomienda la superación del partido judicial como base del nuevo modelo, la extensión de la organización colegiada, la creación de tribunales de base o primer grado, la creación de tribunales de instancia y la atribución de la investigación penal al Ministerio Fiscal.
El Consejo de Ministros ha tomado conocimiento de las conclusiones y recomendaciones de la Comisión de Expertos para adaptar a la España actual la Ley de Demarcación y Planta Judicial. Esta iniciativa se enmarca también en el ambicioso Plan de Modernización de la Justicia, puesto ya en marcha, que conducirá a la transformación general de esta administración para mejorar definitivamente su servicio al ciudadano.
La Comisión de Expertos se creó en septiembre del pasado año con el objetivo de realizar un estudio previo que sirva de base para la elaboración de una nueva Ley de Demarcación y Planta Judicial, adaptada a la realidad demográfica y a la configuración actual del sistema de justicia, que sustituya a la actual, que data de 1988 y que, a su vez, se basó en el modelo establecido en el Siglo XIX. Presidida por el secretario de Estado de Justicia, han formado parte de la misma: Silvia Barona Vilar, José Luís Bueren Roncero, Landelino Lavilla Alsina, Fernando Ledesma Bartret, Augusto Méndez de Lugo y López de Ayala, Victoria Ortega Benito, Herminia Palencia Guerra y Juan Antonio Xiol Ríos.
Durante los más de veinte años de vigencia de la actual Ley, en los que ha sido necesario modificar su texto en catorce ocasiones y se han creado 2.557 nuevas unidades judiciales, la planta judicial se ha duplicado y se han creado órganos judiciales de nuevo cuño que no estaban contemplados en el diseño original. Es el caso, por ejemplo, de los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo, de lo Mercantil, de Menores o de Violencia de Género.
La opinión generalizada hoy es que el sistema vigente ha agotado todas sus virtualidades. La creación de más de setecientas unidades judiciales entre 2001 y 2009 no ha impedido el incremento porcentual anual de la pendencia de asuntos, que en 2008 alcanzó el 15,80 por 100 interanual. En términos generales, la tasa de crecimiento anual promedio (2002-2008) de la pendencia (4.95) ha sido el doble de la de creación de nuevos órganos (2.70). El problema no se circunscribe, por tanto, sólo a la dotación de medios, sino también a la inadecuación de la organización judicial a los nuevos tiempos, realidades y necesidades sociales.
La Administración de Justicia está, al fin, inmersa en un proceso de transformación en el que las nuevas tecnologías permiten un funcionamiento más ágil de todos los servicios y determinan modelos más eficientes de organización. El paradigma de unidades aisladas y autosuficientes está siendo sustituido por el trabajo en Red y la interoperabilidad. La reciente reforma de la legislación procesal para la implantación de la Nueva Oficina Judicial supone un cambio estructural para ajustarse a este nuevo modelo organizativo.
Por todo ello, la Comisión de Expertos ha optado, de manera unánime, por presentar un informe de conclusiones y recomendaciones que sirvan de guía maestra para la elaboración de la futura Ley, en la que habrán de participar todos los sectores y actores implicados.
Reorganizar la demarcación y planta de la Justicia es una cuestión de Estado, por lo que es imprescindible abrir un proceso debate público y de diálogo constructivo para la formación del mayor consenso posible, que sin duda requerirá máxima responsabilidad y generosidad por parte de todos.
Principales recomendaciones de la Comisión
- Superación del partido judicial como base del modelo: El partido judicial responde a un contexto histórico caracterizado por grandes deficiencias en las infraestructuras públicas y por las consiguientes dificultades de comunicación y desplazamiento. En la actualidad, el recto entendimiento del derecho de todas las personas a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, reconocido en el artículo 24 de la Constitución, obliga a conciliar la garantía de fácil acceso de todos los ciudadanos a los órganos judiciales y la necesidad de evitar una dispersión excesiva de medios personales y materiales que quebrantaría los principios de racionalidad, economía y aprovechamiento de los recursos públicos por los que se rige toda organización eficaz. En este sentido, deben estudiarse nuevas fórmulas encaminadas a superar la desfasada división en partidos judiciales propia de otras épocas y diseñar estructuras territoriales más homogéneas y acordes con la España actual.
- Extensión de la organización colegiada : La nueva ordenación de la planta permitiría trasladar las ventajas del sistema de organización colegiada a los tradicionales ‘juzgados’, que podrán estructurarse como un único tribunal con el número de jueces que sea preciso, con un presidente y con una oficina que preste servicio a todos ellos.
- Creación de tribunales de base o primer grado : Es necesaria la creación de un primer escalón en la organización del poder judicial encargado de conocer de aquellos asuntos que no revisten una especial complejidad y pueden recibir un tratamiento más ágil. Estos tribunales se distribuirían de acuerdo con variables objetivas como la población, la carga de trabajo o la accesibilidad geográfica. Las plazas de estos órganos se han de cubrir con los primeros escalones de la carrera judicial, favoreciendo el acopio de experiencia por parte de los jueces de nuevo ingreso como paso previo a su promoción profesional.
Creación de tribunales de instancia : Los órganos judiciales de instancia, en cuanto tribunales especializados situados en núcleos urbanos importantes, responden a la necesidad de establecer un sistema moderno de organización judicial, más ajustado a la realidad de los países de nuestro entorno, en los que este tipo de unidades judiciales especializadas y concentradas ha permitido alcanzar mayores cotas de eficacia. Estos tribunales permitirían implantar un nuevo modelo que atienda principalmente a la naturaleza del asunto a enjuiciar.- Atribución de la investigación penal al Ministerio Fiscal : La superación del actual “partido judicial” y la concentración de la instancia están íntimamente ligadas a la necesidad de cambiar el sistema actual de investigación penal. Aprovechando la especial fisonomía del Ministerio Fiscal, como órgano dotado de una mayor movilidad territorial y capacidad de especialización dentro del orden penal, cabe establecer un nuevo modelo de investigación penal más ágil, flexible y adaptado a los distintos tipos de delincuencia.
UN NUEVO INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL DARÁ COBERTURA A LOS TRIBUNALES ESTATALES
- Este organismo, que prestará servicio a la Audiencia Nacional, Tribunal Supremo, Registro Civil Central, así como a sus Fiscalías correspondientes, será posteriormente creado mediante orden ministerial.
El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto que determina el ámbito territorial y material del nuevo Instituto de Medicina Legal, que dará cobertura a los tribunales estatales de justicia, como la Audiencia Nacional, el Tribunal Supremo y el Registro Civil Central, así como sus Fiscalías correspondientes. El nuevo Instituto de Medicina Legal Estatal, incluido en los planes de modernización de la justicia para los médicos forenses, será creado próximamente mediante orden ministerial.
Desde la entrada en vigor de la Ley Orgánica de modificación de la Ley del Poder Judicial, de 23 de diciembre de 2009, que prevé la creación de Institutos de Medicina Legal en sustitución de las agrupaciones de forensías, tanto el Ministerio de Justicia como las Comunidades Autónomas que han asumido competencia en materia de Justicia se han adaptado a esta normativa y han ido creando Institutos de Medicina Legal en el ámbito de los Tribunales Superiores de Justicia.
Dentro del proceso modernizador emprendido por el Ministerio de Justicia se hace necesario prever la creación de un Instituto de Medicina Legal de Órganos con Jurisdicción Estatal, dado que actualmente a órganos tales tan relevantes como el Tribunal Supremo y a la Audiencia Nacional aún se les presta servicio a través de agrupaciones de forensías.
La creación del Instituto de Medicina Legal de Órganos con Jurisdicción Estatal está enfocada a alcanzar ese mismo nivel organizativo, teniendo en cuenta, además, que en estos órganos de jurisdicción estatal la necesidad es mayor por su relevancia y la complejidad cada vez mayor de los procesos judiciales que allí se sustancian.
Órganos con jurisdicción en todo el Estado
Desde el punto de vista territorial, prestará sus servicios a los órganos que tienen jurisdicción en todo el territorio del Estado, como son Tribunal Supremo, Audiencia Nacional, Registro Civil Central y Fiscalías correspondientes a los mencionados órganos. En cuanto a su ámbito material, sus funciones se limitan a las propias de las competencias de estos órganos.
Los Institutos de Medicina Legal son órganos técnicos que tienen como misión auxiliar a los juzgados, tribunales, fiscalías y oficinas del Registro Civil, centralizando las funciones que han venido desarrollando los institutos anatómicos forenses y las clínicas médico-forenses, mediante el ejercicio de prácticas periciales médicas, tanto tanatológicas, como clínicas y de laboratorio.
Estos órganos suponen, además, un instrumento al servicio de la constante modernización científica y tecnológica de la medicina forense. Permiten la especialización y el trabajo en equipo de los médicos forenses, así como la permanente relación con los demás Institutos, como el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses y otros organismos a nivel nacional e internacional.
Otra de sus ventajas es la realización de documentación y archivo de los informes y actividades que realiza, lo que puede proporcionar información fiable con fines estadísticos.
Jurisdicción militar
Por otra parte, este Real Decreto prevé la firma de un convenio con el Ministerio de Defensa con el objeto de que el Instituto de Medicina Legal de Órganos con Jurisdicción Estatal preste servicio a los órganos de la jurisdicción militar que tengan ámbito estatal, cuando éstos actúen en el ejercicio de las competencias que les son propias.
