Fuente: ABC
La asociación Jueces para la Democracia (JpD) y el Colegio Nacional de Secretarios Judiciales están «indignados» con el ministro Mariano Fernández Bermejo y, por extensión, con el presidente del Gobierno, por la «instrumentalización» que desde el Ejecutivo se está haciendo del «caso Tirado» para «encubrir» la «lamentable situación» de la Administración de Justicia.
El hecho de que desde el Gobierno se esté insistiendo en la única responsabilidad del titular y de la secretaria judicial del Juzgado (por no ejecutar el ingreso en prisión de Santiago del Valle) ha puesto en pie de guerra a un colectivo entero (al Colegio Nacional de Secretarios Judiciales) y a parte del otro (JpD), que consideran que en el fondo de este asunto subyace la falta de medios personales y materiales en todos los Juzgados de España.
A ello se suman las manifestaciones que en los últimos días están haciendo miembros del Ejecutivo (la vicepresidenta del Gobierno y el ministro Bermejo) sobre la decisión que «deben adoptar» los nuevos vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) respecto a la revisión de la multa impuesta al juez Tirado. El anterior órgano de gobierno de los jueces le impuso una multa de 1.500 euros que fue recurrida por la Fiscalía. Es el Pleno del nuevo Consejo el que tiene que ver ahora el recurso de alzada.
División de poderes
«Resulta rechazable la instrumentalización del asesinato de una niña para trasmitir un mensaje que, bajo apariencia de empatía social, sólo busca eludir las responsabilidades políticas sobre un estado general de patológica burocratización de la justicia española, respecto de la cual mucho tiene que decir el Ejecutivo», señala JpD en un duro comunicado.
Para los jueces progresistas (que tienen cinco vocales en el CGPJ), es «inaceptable, desde la más elemental asunción de la regla constitucional de distribución del poder, que los miembros del Ejecutivo, de forma reiterada, se inmiscuyan en cómo otro poder del Estado debe ejercer las funciones que la Constitución le reserva de manera exclusiva». Según el comunicado, «estas manifestaciones traslucen una preocupante concepción sucursalista del Gobierno judicial, ahondando en la percepción social de dependencia política del Consejo General del Poder Judicial».
Por su parte, el Colegio Nacional de Secretarios Judiciales, que ya expresó su «indignación» tras conocer la sanción impuesta por el ministro de Justicia a la secretaria judicial de Tirado (dos años de suspensión de empleo y sueldo frente a los seis meses que pedía la instructora del expediente), volvió a cargar las tintas contra Mariano Fernández Bermejo por haber buscado un «chivo expiatorio» para ocultar el caos en los Tribunales.
Paro de tres horas el día 21
El malestar de este colectivo, que ayer convocó una rueda de prensa para anunciar su protesta, se va a traducir en un paro de tres horas el próximo día 21. Con él, los secretarios judiciales «exigen al ministro de Justicia y al Gobierno de la Nación que desarrolle la Ley Orgánica del año 2003», en concreto la reforma de la oficina judicial (con la creación de los servicios comunes» que correspondan) y la «reforma de las leyes procesales para la adecuada asignación y redistribución de competencias» entre jueces y secretarios judiciales. También reclaman la dotación de medios materiales, humanos e informáticos para el «adecuado desarrollo del Servicio Público de la Administración de Justicia, para que la información necesaria para la tramitación de los procesos no se estanque en un juzgado». Los «responsables políticos» tienen que realizar las «inversiones económicas precisas para servir mejor al ciudadano», dicen.
Este colectivo pide, además, el «cese» de Bermejo, tanto por su responsabilidad en la puesta en marcha de las reformas judiciales (que llevan un retraso de cinco años), como por «encubrir» la situación de los Tribunales con el castigo a la secretaria judicial de Tirado.
