Fuente: Expansión.com
Con el objeto de informar de las distintas alegaciones realizadas al Anteproyecto de Reforma de las Leyes Procesales, el Ministerio de Justicia se reunió ayer con las asociaciones de secretarios judiciales. En opinión de Justicia, la reunión celebrada entre el secretario de Estado, Julio Pérez, y la secretaria general de Modernización, Pilar Rodríguez, con las organizaciones UPSJ, AISJ, CNSJ y Sisej, ha servido para empezar a “colaborar en la implantación de la nueva oficina judicial”.
Sin embargo, los representantes de las asociaciones han valorado la reunión como “decepcionante”. Así, Rafael Lara, portavoz del Colegio Nacional de Secretarios Judiciales, en declaraciones a EXPANSIÓN, señalaba que los secretarios se han “mostrado absolutamente dispuestos a trabajar con el ministerio para modernizar el servicio público, establecer un diálogo más fluido y periódico hubiera sido lo lógico”.
Falta de calendario
Lara se queja de que, aunque Justicia no ha cerrado la puerta a nuevas reuniones –de hecho, se ha comprometido, en un comunicado, a celebrar una antes de finales de 2008– “no ha adquirido el compromiso de establecer un calendario que permita estudiar la reforma de las leyes procesales”, aseveran desde las asociaciones.
Ello, unido a la negativa del equipo de Fernández Bermejo a dejar en manos del Parlamento la pretensión, incluida en el Anteproyecto, de eliminar de los juicios la presencia del secretario judicial, sustituyéndola por sistemas de grabación digitales, puede provocar nuevas movilizaciones por parte de estos funcionarios.
El ministerio ha insistido en atribuir la competencia de la agenda de señalamientos a los secretarios judiciales y en aumentar las competencias del colectivo en la fase de impulso procesal, como en los procesos sin contienda, anteriormente denominados de jurisdicción voluntaria.
Por su parte, la Unión Progresista de Secretarios Judiciales ha reiterado la necesidad de que el anteproyecto mejore sustancialmente, ya que la actual redacción “no pasa de ser un mero maquillaje” que “desperdicia las capacidades y preparación del Cuerpo”, con lo que se pierde una oportunidad de “dotar de calidad a la Justicia”.
Para esta asociación, al igual que para el Colegio Nacional, la eliminación de la fe pública en las vistas “es un craso error y una agresión al ciudadano, que va en contra de un derecho procesal democrático”.
