Colapso y falta de juzgados. Un año más, la Justicia gallega echará un pulso a la Xunta y al Gobierno central para tratar de dar respuesta a las miles de causas pendientes de resolución y al déficit de órganos judiciales en algunas localidades. No citó dónde para no abrir debates localistas ni crear falsas esperanzas, pero sí dio un número. El presidente del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), Miguel Ángel Cadenas, advirtió ayer de la “necesaria creación” de hasta un total de 36 nuevos órganos judiciales en Galicia: nueve en el Contencioso-Administrativo, cinco de lo Penal, siete de lo Social, once de lo Civil, uno de Vigilancia Penitenciaria y tres en juzgados de Primera Instancia e Instrucción mixtos. Sobre los municipios en los que urgen estos nuevos juzgados, Cadenas evitó citarlos para no crear expectativas si finalmente el Ministerio de Justicia no atiende todas las demandas del TSXG.
La saturación en los juzgados se arrastra desde hace años. En declaraciones a los medios antes de la reunión de la Comisión Mixta de Xustiza celebrada en la sede del Tribunal Superior, calificó de “público y notorio” que la Sala de lo Contencioso-Administrativo es el órgano “más preocupante”, con más de 19.000 asuntos pendientes.
Sobre el total de plazas, Cadenas apuntó que está fijado sin otorgar prioridad, ya que irá en función del número de órganos judiciales que se puedan crear en la comunidad gallega y en conexión con la decisión que adopte la Comisión Mixta.
En la reunión mantenida ayer, según adelantó el conselleiro de Presidencia, Administraciones Públicas e Xustiza, Alfonso Rueda, se abordaron tres “acciones fundamentales” para llevar a cabo en los próximos años.
La primera de ellas, y que informó de que ya fue aprobada la semana pasada, es la incorporación de nuevas tecnologías en la Administración de Justicia, una iniciativa que cuenta con una inversión de 2 millones de euros entre este año, en el que comenzará su implantación, y 2010.
La segunda de las acciones es un plan elaborado por la Xunta para afrontar el reto que va a suponer la puesta en marcha de la Oficina Judicial, que empieza ya a configurarse y que supondrá una serie de cambios estructurales y organizativos que se tendrán que acometer, según Rueda, “de forma combinada y acompasadamente”.
La tercera y última, se trata de un plan “muy ambicioso” de infraestructuras judiciales, que, confió, pueda ser aprobado “en breve” por el Consello de la Xunta, con un plazo de hasta ocho años y con el que se pretenden dejar resueltas las necesidades de edificios judiciales en Galicia.
Planta Judicial
El camino para reformar la Ley de Planta y Demarcación Judicial ya ha comenzado a recorrerse. El pasado mes de junio fue nombrada una comisión que en seis meses tendrá que elevar una propuesta de reforma para su debate y posterior aprobación. Sobre la modificación del mapa judicial, el conselleiro de Presidencia manifestó ayer su confianza en que la propuesta del ministro de Justicia, el gallego Francisco Caamaño, sea una realidad y que Galicia “pueda tener voz para exponer sus peculiaridades”.
En el acto de ayer en la sede del TSXG, Rueda consideró “necesario” llevar a cabo esa reforma de la Ley de Planta “con criterios de racionalidad” para dotar a los ciudadanos de mejores servicios.
Sobre la Torre de la Justicia de A Coruña, el conselleiro de Presidencia se limitó a apuntar que buscará “la mejor ubicación” y que ha de ser una “infraestructura” que “resuelva muchos problemas y que dure muchos años”, por lo que cualquier decisión sobre su emplazamiento se debe tomar “con la más pura y total objetividad”.
