Muface, el sistema que desde 1975 presta asistencia a los funcionarios, y que tanto contribuye a descargar de pacientes a la saturada Sanidad pública, corre un serio peligro de muerte. Una vez más, el Gobierno ha decidido apretar las tuercas a las aseguradoras que operan bajo este paraguas, aunque ahora al máximo, utilizando para ello el convenio vigente en el período 2010-2013.
Según fuentes del sector, el Ejecutivo ha previsto en el acuerdo un crecimiento anual de las primas medias que paga a las aseguradoras de entre el 2 y el 2,5 por ciento, porcentaje superior a la subida que experimentará la economía (el PIB nominal será negativo en 2009), pero inferior al que los servicios de salud destinarán a sus hospitales y centros de primaria. Se trata de un porcentaje que perpetúa el agravio comparativo con respecto a la financiación que recibe el Sistema Nacional de Salud (SNS) para la atención de los enfermos: el diferencial supera por cada ciudadano el 40 por ciento en perjuicio de las mutualidades, aunque podría elevarse hasta el 50 si la comparación se realiza con el gasto liquidado del SNS.
De hecho, el Estado paga alrededor de 1.400 euros por paciente al año a través del sistema público, mientras que en Muface la financiación apenas llegará en 2010 a 650 euros, «lo que condena a la ruina a las prestadoras», dicen las mismas fuentes. La agónica financiación que el Gobierno destinará a sus mutualidades empezó a producirse hace años, pero será en 2010 cuando el efecto resulte especialmente adverso para los funcionarios, como auguran algunas de las aseguradoras del modelo. En 2010, trabajarán para Muface –la mutualidad de funcionarios civiles del Estado– sólo cuatro compañías: Adeslas, Asisa, DKV y el Igualatorio de Cantabria, aunque ésta de forma muy residual. Del convenio se han descolgado Caser, Mapfre y Nueva Equitativa, algo que ya hicieron en el pasado Groupama o Aegon. Por su parte, el modelo Isfas, que asiste a los miembros de las Fuerzas Armadas, sufre una situación similar. En él sólo quedarán dos aseguradoras, Adeslas y Asisa, ya que DKV también ha renunciado. Esta situación tendrá importantes consecuencias.
A falta de cifras actualizadas, las últimas memorias publicadas, correspondientes a 2005, indican que tanto Muface como Isfas y Mujegu (prestador de la asistencia a los funcionarios de Justicia) ofrecen cobertura a 2.303.962 empleados públicos. De ellos, el 67,12 por ciento corresponden a Muface, el 29,12 por ciento a Isfas, y el 3,76 por ciento a Mugeju. Se trata de un 5 por ciento de la población al que todos los meses de enero se le da a elegir: por un lado, pueden recibir tratamientos a cargo de entidades privadas, o acceder a terapias en la pública, aunque el coste en las mismas sea cubierto por este sistema.
De acuerdo con los datos oficiales, los funcionarios de las tres ramas lo tienen claro: el 85 por ciento prefiere la atención de los proveedores privados frente al 15 por ciento que opta por lo público. El sector estima que la fuga de empresas producida por las bajas tarifas forzará a alrededor de 300.000 españoles a elegir otra entidad, o la Sanidad pública. «Se trata de una situación sin precedentes, que no se producía desde la renuncia al modelo Muface de Sanitas, a comienzos de los noventa, algo que recondujo Julián García Vargas cuando era ministro, dada la gravedad de la situación», aseguran fuentes del sector.
Las restricciones al modelo Muface tienen efectos claros sobre el sistema sanitario público. Cualquier alteración en la prestación privada ocasiona una preferencia de los ciudadanos sobre la asistencia pública, contribuyendo a su saturación, algo especialmente dañino en tiempos de crisis del sistema como los actuales.Las empresas que resisten La falta de financiación y las nuevas penalizaciones del Gobierno dejan el modelo Muface con sólo estos prestadores: – Muface (funcionarios civiles del Estado): Adeslas, Asisa, DKV e Igualatorio de Cantabria. – Isfas (empleados de las Fuerzas Armadas): Adeslas y Asisa. – Mugeju (funcionarios judiciales): no hay bajas
