El esfuerzo llevado a cabo por los magistrados de la jurisdicción penal para enjuiciar un mayor número de asuntos y evitar así que los asuntos prescriban está provocando la aparición de un nuevo problema. Y es que la celebración de muchas vistas orales implica también un incremento del número de sentencias que hay que ejecutar.
En estos momentos, los seis juzgados de lo Penal que existen en la ciudad tienen pendiente de llevar a la práctica más de 7.000 sentencias, lo que supone un evidente riesgo de que nunca lleguen a cumplirse, pues ahora la sombra de la prescripción se cierne sobre el cumplimiento de los fallos judiciales. Las ejecuciones no sólo conllevan la orden, por ejemplo, de que una persona ingrese en prisión, sino asuntos como embargos, retiradas de carnés, permisos de armas, cumplimiento de trabajos en beneficio de la comunidad y control de órdenes de alejamiento, entre otros.
El atasco en los juzgados de lo Penal es un mal endémico que padecen las unidades de la ciudad desde, al menos, 1998. En ese año, tomó posesión de su cargo el actual titular del número tres, quien ya en ese momento solicitó al Consejo General del Poder Judicial que realizase una inspección a fin de determinar la situación real del juzgado. En ese momento, los magistrados de esta jurisdicción constataron la necesidad de abordar un plan que calificaron de emergencia para paliar la situación, por lo que reclamaron la creación de un juzgado de lo Penal itinerante de refuerzo para las tres unidades que existían en ese momento. Hasta 2001 no se creó el Penal número 4, periodo en el que los otros juzgados fueron acumularon entre 150 y 200 asuntos cada año que engrosaban la lista de asuntos sin enjuiciar. Sigue leyendo
