EL TRIBUNAL CALIFICADOR ÚNICO DE LAS PRUEBAS SELECTIVAS PARA INGRESO EN EL CUERPO DE TRAMITACIÓN PROCESAL Y ADMINISTRATIVA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, SISTEMA DE ACCESO LIBRE CONVOCADAS POR ORDEN JUS/903/2019, DE 9
DE AGOSTO, reunido en Madrid, a 15 de enero de 2020, ha adoptado el siguiente ACUERDO:
ACCEDE AL CUERDO: TRIBUNAL CALIFICADOR ÚNICO TRAMITACION LIBRE
Primero.- Recibidas las alegaciones presentadas por los aspirantes a la plantilla
provisional de respuestas válidas del primer y segundo ejercicio, este Tribunal procede
a anular la siguiente pregunta:Pregunta nº 31 del Modelo A (83 del Modelo B), ya que la opción b), planteada como correcta, puede inducir a error por estar incompleta, al referirse al “tratamiento” en lugar de al “consentimiento para el tratamiento”.
Conforme a lo establecido en la Orden de convocatoria, se sustituye por la pregunta de
reserva nº 101.
Segundo.- Como ya se comunicó oportunamente:
Pregunta nº 95 del Modelo A (47 del Modelo B), la opción correcta es la b), ya que se
ha producido un error material en el cuestionario-test.
Tercero.- Desestimar el resto de las impugnaciones presentadas al carecer de fundamento jurídico suficiente para proceder a su anulación y ajustarse a la normativa vigente, así como al programa de la convocatoria.
Especial atención requieren las siguientes preguntas:
Pregunta 4 Modelo A (56 Modelo B): La Ley 3/2007 habla de la obligación de elaborar
planes de igualdad efectiva entre hombres y mujeres en las empresas a partir de 50
trabajadores y el R.D. 6/2019 lo que desarrolla son los plazos, no la obligatoriedad.
Pregunta 5 Modelo A (57 Modelo B): La Ley 3/2007,en su artículo 44. Los derechos de
conciliación de la vida personal, familiar y laboral. punto 2., establece que “El permiso y
la prestación por maternidad se concederán en los términos previstos en la normativa
laboral y de Seguridad Social.”
El artículo 133 quáter, de la Ley General de la Seguridad Social, dispone que “La
prestación económica por maternidad consistirá en un subsidio equivalente al 100 por
100 de la base reguladora correspondiente.”
Para terminar estableciendo dicha Ley, en el artículo 135. Prestación económica, que
“1. La prestación económica por riesgo durante el embarazo se concederá a la mujer
trabajadora en los términos y condiciones previstos en esta Ley.”
Y punto 3, “La prestación económica consistirá en subsidio equivalente al 100 por 100
de la base reguladora correspondiente.”
Pregunta 7 Modelo A (59 Modelo B): La Ley 50/1997 en su artículo 2, del Presidente del
Gobierno, establece en su punto 2 “En todo caso, corresponde al Presidente del
Gobierno:
f) Dirigir la política de defensa y ejercer respecto de las Fuerzas Armadas las funciones
previstas en la legislación reguladora de la defensa nacional y de la organización militar.”
La respuesta correcta se corresponde con el literal del precepto.
Pregunta 8 Modelo A (60 Modelo B): La Ley 40/2015, establece en su Sección 2.ª, Los
Delegados del Gobierno en las Comunidades Autónomas, que:
“Artículo 72. Los Delegados del Gobierno en las Comunidades Autónomas, punto 3. Los
Delegados del Gobierno son órganos directivos con rango de Subsecretario.”
El artículo 60 de la misma Ley hace referencia a los Secretarios Generales y Secretarios
Generales Técnicos.
Pregunta 9 Modelo A (61 Modelo B): Según la Ley 40/2015 en su Sección 3.ª, Los
Subdelegados del Gobierno en las provincias,artículo 74. Los Subdelegados del Gobierno
en las provincias:
“En cada provincia y bajo la inmediata dependencia del Delegado del Gobierno en la
respectiva Comunidad Autónoma, existirá un Subdelegado del Gobierno.”
Por lo que se establece en cada provincia esta figura, al margen de que la Comunidad de
referencia sea uniprovincial o multiprovincial.
Pregunta 10 Modelo A (62 Modelo B): La C.E., en su Artículo 150.3, establece que, el
Estado podrá dictar leyes que establezcan los principios necesarios para armonizar las
disposiciones normativas de las Comunidades Autónomas, aun en el caso de materias
atribuidas a la competencia de éstas, cuando así lo exija el interés general. Corresponde
a las Cortes Generales, por mayoría absoluta de cada Cámara, la apreciación de esta
necesidad.
La pregunta, incluidas las comas, se corresponde con el literal del precepto.
Pregunta 11 Modelo A (63 Modelo B): El artículo 152.2 base legal de la pregunta, no
contradice al artículo 147.3, ya que una vez cumplido lo preceptuado en el artículo
152.2, en el que se habla de la modificación de los Estatutos de Autonomía, estos en
todo caso deberán ser aprobados por las Cortes Generales mediante Ley Orgánica. El
resto de repuestas alternativas son manifiestamente incorrectas.
Pregunta 14 Modelo A (66 Modelo B): Dentro de las respuestas de la pregunta 14,
vamos a analizar cada una de ellas:
c) El Consejo representa el interés de los ciudadanos de la Unión.
Es incorrecta, pues los intereses de los ciudadanos europeos están representados por el
Parlamento Europeo.
d) El Consejo representa el interés de la Unión como tal.
No es correcta, pues los intereses de la Unión en su conjunto son representados por la
Comisión Europea.
a) El Consejo garantiza el respeto del Derecho en la interpretación y en la aplicación de
los Tratados.
No es correcta, ya que es el Tribunal de Justicia de la Unión Europea el que interpreta y
aplica la legislación.
b) El Consejo es la institución que representa a los Estados miembros, y expresa los
intereses particulares de cada uno de ellos.
En el Consejo, los ministros de cada país de la Unión Europea se reúnen para debatir,
modificar y adoptar leyes, y tienen competencias para asumir compromisos en nombre
de su Gobierno, es decir, el Gobierno que representa a un Estado miembro. No se puede
entender un Estado sin un Gobierno que lo dirija. Por tanto, esta respuesta es la
correcta, ya que el art. 16.2 del Tratado de la Unión Europea indica que el Consejo estará
compuesto por un representante de cada Estado miembro, de rango ministerial,
facultado para comprometer al Gobierno del Estado miembro al que represente y para
ejercer el derecho de voto. Está claro que habla de un representante de cada Estado, no
indica un representante del Gobierno, es decir, se funde el concepto de Gobierno con el
de Estado, lo que, unido a que el resto de respuestas son claramente incorrectas y al
contexto, no da lugar a confusión alguna.
Pregunta 15 Modelo A (67 Modelo B): La respuesta a) no es correcta, pues el Tribunal
único no existe. Las respuestas c) y d) son incompletas. Por lo tanto, la única respuesta
correcta sería la b), ya que el artículo 19 del Tratado de la Unión Europea indica que el
Tribunal de Justicia de la Unión Europea comprenderá el Tribunal de Justicia, el Tribunal
General y los tribunales especializados.
El citado artículo no ha sido modificado, por lo que sigue en vigor, de modo que, aunque
en la actualidad no exista ningún tribunal especializado, el Consejo puede decidir por
mayoría cualificada la creación de tribunales especializados, en codecisión con el
Parlamento y a petición de la Comisión o del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Pregunta 17 Modelo A (69 Modelo B): La palabra “categoría” mencionada en el
enunciado de la pregunta implica los representantes del Ministerio Fiscal.
Pregunta 18 Modelo A (70 Modelo B): El Capítulo II de la LOPJ habla del ingreso y
ascenso en la Carrera Judicial. El ingreso se produce conjuntamente en la Carrera
Judicial, y los candidatos aprobados optan, según el orden de puntuación obtenida, por
la Carrera Judicial o la Carrera Fiscal.
El hecho de que en el artículo 301.4 de dicha Ley Orgánica indique que la convocatoria
se realizará de manera conjunta, está hablando meramente del anuncio del proceso
selectivo, pero la esencia es que el ingreso es conjunto, entendiendo como ingreso, la
superación de la oposición convocada.
La respuesta a) se refiere al ingreso en la Carrera Judicial por la categoría de Magistrado
del Tribunal Supremo, o de magistrado (Art. 301.5 LOPJ). No es correcta.
Las respuestas b) y c) no se ajustan a ninguna norma, por tanto, son incorrectas.
Pregunta 20 Modelo A (72 Modelo B): La impugnación viene a decir que la pregunta es
relativa a la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y que no corresponde conocerla a
los funcionarios de Tramitación PA, sino a los de Gestión PA, por ser de alto nivel de
complejidad.
No es procedente admitir la alegación, pues la pregunta se refiere a la organización y
competencia del Tribunal Supremo, regulado en la Ley Orgánica del Poder Judicial, que
está dentro del programa, en el Tema 7.
La respuesta correcta es la a) de la pregunta 72 del modelo B. En el modelo A
corresponde a la pregunta 20 y la respuesta correcta sería la c), ya que según el artículo
66.a de la LOPJ corresponde a la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia
Nacional.
Pregunta 24 Modelo A (76 Modelo B): La respuesta a) se corresponde con la jurisdicción
de los Juzgados de Primera Instancia (art. 85.6 LOPJ).
La respuesta b) se corresponde con la jurisdicción de los Juzgados de Instrucción (Art.
87.1.h LOPJ)
La respuesta d) se corresponde con la jurisdicción de los Juzgados de Primera Instancia,
ya que las acciones colectivas corresponden a los Juzgados de lo Mercantil (art. 86
ter.2.d LOPJ).
La respuesta c) se corresponde con la extensión de la competencia del juez del concurso
sobre otras ejecuciones, partiendo del supuesto de que el enunciado se refiere a los
Juzgados de lo Mercantil. El art. 85.6 de la LOPJ habla de la competencia de los Juzgados
de Primera Instancia en materia concursal, y, a su vez, el art. 86 ter 1 3º de la LOPJ indica
las competencias de los Juzgados de lo Mercantil, sin perjuicio de las competencias de
los Juzgados de Primera Instancia establecidas en el art. 85.6 aludido. Pero, en todo caso,
según dice el mismo art. 86 ter 1 3º anterior, la competencia en la ejecución frente a los
bienes y derechos de contenido patrimonial del concursado, cualquiera que sea el
órgano que la hubiera ordenado, corresponde a los Juzgados de lo Mercantil, tal como
se delimita en la pregunta, por lo que la respuesta correcta es la c).
Pregunta 45 Modelo A (97 Modelo B): Según el artículo 527.2 de la Ley Orgánica del
Poder Judicial, la pregunta es textual como se indica en las respuestas, el tiempo de
permanencia para poder renunciar es de 1 año.
“Los titulares de un puesto de trabajo obtenido por este sistema podrán renunciar a
éste mediante solicitud razonada siempre que hayan desempeñado el citado puesto al
menos durante un año.”
Pregunta 47 Modelo A (99 Modelo B): La pregunta es clara. “No será objeto de
negociación” y “quedan excluidas” de la obligatoriedad de la negociación, son dos
formas de hacer la pregunta, siendo textual el art. 37 del Real Decreto Legislativo 5/2015
de 30 de octubre EBEP, en donde se establece lo que será objeto de negociación y lo que
queda excluido de la obligación de negociación.
Así en el apartado 37.1 establece las que son objeto de negociación y el art. 37.2 las que
quedan excluidas de la obligatoriedad de la negociación, entre ellas la respuesta objeto
de la pregunta (d).
Pregunta 48 Modelo A (100 Modelo B): Con referencia a la pregunta a la que se hace
mención de prevención de riesgos laborales, está dentro del programa exactamente en
el tema 15 en donde consta “Salud y prevención de riesgos laborales”.
Pregunta 56 Modelo A (8 Modelo B): Ha sido redactada en el sentido literal del apartado
1 del art. 626 de la LEC referido al “Depósito judicial. Nombramiento de depositario”, en
el que se dispone que “Si se embargasen títulos valores u objetos especialmente valiosos
o necesitados de especial conservación podrán depositarse en el establecimiento público
o privado que resulte más adecuado”.
A continuación los nº 2 y nº 3 de dicho precepto se refieren, respectivamente, al
nombramiento de depositario de bienes muebles embargados en poder de un tercero y
los referidos a una actividad productiva o si resultaren de difícil o costoso transporte o
almacenamiento, pudiendo recaer el nombramiento de depositario en un tercero o en
el ejecutado.
Seguidamente el nº 4 dispone que en casos distintos de los contemplados en los
anteriores apartados o cuando lo considere más convenientemente el Letrado de la
Administración de Justicia podrá nombrar mediante decreto depositario de los bienes
embargados al acreedor ejecutante o bien, oyendo a éste, a un tercero. En párrafo
aparte, dice que el nombramiento podrá recaer en los Colegios de Procuradores del
Lugar en que se siga la ejecución, siempre que dispongan de un servicio adecuado para
asumir las responsabilidades legalmente establecidas para el depositario.
Efectivamente, la respuesta dada como válida por el Tribunal a la pregunta impugnada
responde a la regla general establecida por la LEC de manera específica para el depósito
de los títulos valores u objetos especialmente valiosos o necesitados de especial
conservación que fuesen embargados, tal como dispone en el nº 1 del art, 626.
Por otro lado, analizando cada una de las otras respuestas, nos encontramos: En cuanto
a la respuesta a) de ambos modelos “ En el Colegio de Procuradores del lugar en que se
siga la ejecución” no es totalmente correcta, ya que el referido precepto lo regula en el
segundo párrafo del nº 4, en el que se exige que nos encontremos en casos distintos a
los regulados específicamente en los núm. 1, 2 y 3 o que lo considere más conveniente
el letrado de la Administración de Justicia y siempre que el Colegio de Procuradores
disponga de servicio adecuado para asumir las responsabilidades establecidas para el
depositario, por tanto no es respuesta válida por incompleta. Respecto a la respuesta
b) de ambos modelos “ En poder del ejecutado” es plenamente incorrecta, pues a él se
refiere el nº 3 para otra clase de bienes como se ha reflejado anteriormente; y en cuanto
a la respuesta c) del modelo B y d) del modelo A “ En poder de un tercero”, es igualmente
incorrecta, ya que para este supuesto en el nº 4 del precepto exige que sea oído
previamente el acreedor ejecutante, e igualmente como ya se ha expresado que se trate
casos distintos a los regulados específicamente en los núm. 1, 2 y 3 o que lo considere
más conveniente el letrado de la Administración de Justicia por tanto nos volvemos a
encontrar ante una respuesta incorrecta por incompleta.
Por lo expuesto no se aceptan los motivos de impugnación, manteniéndose como
respuesta acertada la d) en las cuestiones 8 del modelo B y c) del modelo A por ser entre
las propuestas la única completamente correcta.
Pregunta 65 Modelo A (17 Modelo B): : Es correcta la respuesta d), que se corresponde
literalmente no con los arts. 24 y 25 de la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado, que no
formaba parte del programa, sino de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, art. 306 párrafo
tercero, que literalmente dispone que “Tan pronto como se ordene la incoación del
procedimiento para las causas ante el Tribunal del Jurado, se pondrán en conocimiento
del Ministerio Fiscal quien comparecerá e intervendrá en cuantas actuaciones se lleven
a cabo ante aquél.”
Pregunta 66 Modelo A (18 Modelo B): Es correcta la respuesta b), con arreglo al art.
783.3 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Dicho precepto afirma literalmente que
contra el auto de apertura de juicio oral no cabrá recurso alguno, tal y como dice la
opción a), pero añade que “excepto en lo relativo a la situación personal”, por lo que la
respuesta a), carente de ese inciso, no puede considerarse correcta. El pronunciamiento
sobre la situación personal forma parte del contenido del auto de apertura de juicio oral,
tal y como se desprende con claridad del art. 783.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Por otra parte, en la literalidad del precepto, no cabe otro recurso que en lo relativo a
la situación personal del acusado o acusados. La impugnación de las medidas cautelares
reales no tiene una previsión de recurso, siendo las posibilidades de impugnación fruto
de interpretación judicial, bien denegando la posibilidad de recurrir, bien posibilitando
la oposición en la pieza de responsabilidad civil, ante el mismo juzgado o ante el órgano
de enjuiciamiento (último inciso del art. 783.3). Por tanto, la alternativa b) es correcta.
Un grupo de alegaciones considera que junto a la apertura de juicio oral está la
alternativa del “auto de no apertura”, contra el que sí cabría recurso. Tales alegaciones
no pueden atenderse, porque no existe un auto de apertura que no acuerde la apertura
de juicio oral, sino que su alternativa dicho auto es el de sobreseimiento, que no era
objeto de la pregunta. Finalmente, se alega que se confunde la posibilidad de recurso
con la de reproducción de las peticiones no atendidas ante el órgano de enjuiciamiento
(último inciso del art. 783.3 LECrim.). No es así: la incuestionada interpretación del texto
legal autoriza la interposición del recurso y, además, la reproducción de la petición ante
el órgano de enjuiciamiento. Este último inciso permite la reproducción ante el órgano
de enjuiciamiento de otras peticiones no atendidas.
Pregunta 69 Modelo A (21 Modelo B): Es correcta la b), que recoge la previsión legal de
incoación de diligencias, si procede a juicio del instructor, a diferencia de las alternativas
erróneas. No es preciso, como se alega, que en el enunciado de la pregunta se incluya
literalmente la totalidad del supuesto de hecho de la norma (inclusión de los objetos,
instrumentos y pruebas que acompañen al atestado).
Pregunta 82 Modelo A (34 Modelo B): Las deliberaciones siempre son secretas. No
puede ser público lo que opina cada magistrado cuando se delibera sobre un asunto.
El art. 139 LEC dice:
“Las deliberaciones de los tribunales colegiados son secretas. También lo será el
resultado de las votaciones, sin perjuicio de lo dispuesto por la ley sobre publicidad de
los votos particulares”.
Es distinto que la votación sea secreta de que el voto particular (que no es sino el
resultado de una votación) sea público. Pero se preguntaba por las deliberaciones en el
enunciado. Y éstas sólo pueden ser secretas. El voto de un magistrado solo se conoce si
emite un voto particular, pero no en el resto de casos.
En cuanto a las votaciones, la literalidad del artículo señala que el resultado “también”
lo será (secreto).
Pregunta 83 Modelo A (35 Modelo B): El impugnante señala que la respuesta dada
como correcta es incompleta, pues el artículo señala que: “se nombrará
siempre…..intérprete de lengua de signos adecuado”. No obstante, a la vista del resto
de las respuestas propuestas, y atendiendo a la literalidad del artículo ofrecido como
respuesta, la única correcta es la que se ofrece, esto es la c), pues las respuestas a) y b)
son incorrectas porque el intérprete de lengua de signos no lo propone la parte, ni el
Tribunal, sino en todo caso hubiera sido el Letrado de la Administración de Justicia. La
respuesta d) es evidentemente errónea, pues dice que nunca se designará el intérprete
de signos.
Pregunta 91 Modelo A (43 Modelo B): Para que fuese correcta la c) (Recurso
extraordinario por infracción procesal) debería indicarse qué recurso cabe contra la
resolución dictada por la Audiencia Provincial en segunda instancia, así mismo de
conformidad con el Auto dictado por el TS de fecha 30/05/2018, se vuelve a poner de
manifiesto la oposición a admitir recursos extraordinarios por infracción procesal y de
casación, ya que sólo tienen acceso a la casación las sentencias dictadas en segunda
instancia por las Audiencias Provinciales.
Pregunta 93 Modelo A (45 Modelo B): Como se indica en la pregunta, es un desahucio,
por tanto queda toda duda despejada, así mismo consta a un arrendador y en los
domicilios designados, por tanto queda patente el alquiler de una propiedad, no se hace
mención en la pregunta a una reclamación dineraria, por lo que sólo cabe una respuesta,
la d) (Se procederá sin más trámites, a fijar la cédula de citación en el Tablón de Anuncios
de la Oficina Judicial). Dicha respuesta recoge literalmente lo contenido en el artículo
164 de la LEC.
Pregunta 114 Modelo A (117 Modelo B): Ha sido redactada en el sentido literal del art.
818.1 de LEC, remitiéndose a lo dispuesto en el art. 21.2 del mismo texto legal para la
tramitación de la cuestión planteada.
Las impugnaciones plantean como respuesta correcta la C) “El Juez dictará sentencia de
allanamiento respecto a estas pretensiones, una vez celebrado el juicio en el proceso
verbal”. Esta respuesta no es correcta porque una vez celebrado juicio no se dicta
sentencia de allanamiento y si éste es parcial forma parte de la sentencia que resuelve
todas las cuestiones de fondo o se dicta auto de conformidad con el art. 21 de la LEC.
Por otro lado la pregunta está encuadrada en el marco de la regulación del juicio
monitorio, así el art, 818.1 de la LEC se refiere a la cuestión planteada: “ Si la oposición
del deudor se fundara en la existencia de pluspetición, se actuará respecto de la cantidad
reconocida como debida conforme a lo que dispone el apartado segundo del art. 21 de
la presente ley”, y este último artículo dispone “ que el tribunal, a instancia de parte,
podrá dictar de inmediato auto acogiendo las pretensiones que hayan sido objeto de
allanamiento”. Por tanto, aunque no se haya recogido en la respuesta “a instancia de
parte”, la resolución que procede dictar, de conformidad con dicho precepto, es auto
acogiendo las pretensiones que hayan sido objeto de allanamiento, única resolución
recogida en el mismo, resultando el resto de respuestas completamente incorrectas.
Pregunta 123 Modelo A (126 Modelo B): Ha sido redactada conforme a lo dispuesto en
el art. 639.1 de la LEC.
El motivo de impugnación radica en que la LEC no establece ninguno de los plazos a los
que se refieren las cuatro respuestas, siendo todas ellas incorrectas.
El art. 639.1 de la LEC dispone “ El nombramiento se notificará al perito designado, quien
en el siguiente día lo aceptará, si no concurre causa de abstención que se lo impida”, por
tanto si la aceptación debe realizarla el perito al día siguiente de la notificación de su
nombramiento, es un día el plazo del que dispone para la aceptación; aunque la
respuesta correcta no está redactada de forma literal con lo dispuesto en el referido
precepto, la respuesta c) de la cuestión 123 del modelo A y la respuesta a) de la cuestión
126 del modelo A, son correctas frente a las otras respuestas que contienen plazos que
se alejan con mucho de “en el día siguiente” fijado en el artículo.
Cuarto.- En breve plazo, la plantilla de respuestas definitiva se hará pública, una vez
se resuelva el recurso de alzada interpuesto contra el acuerdo del Tribunal sobre
modificación del orden de determinadas preguntas del modelo B, ya que el resultado
del recurso podría alterar la forma de corrección del examen.
