Archivo diario: 11/03/2017

SPJ-USO denuncia en informativos Telecinco el olvido de las inversiones en justicia.

 

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  El gobierno del Sr Feijoo es del conjunto del estado el que menos invierte en Violencia contra la mujer, dejando en manos de los profesionales de los juzgados, el funcionamiento  de estos  a cargo de su tiempo no retribuido y fuera de jornada laboral. Provocando el colapso psicológico de todos los trabajadores, que en muchos  de los casos se encargan de niños, con sus  padres  detenidos  o indispuestos, suministrándole agua  o alimentos, o encargándose de vigilar que no haya contacto entre   víctima y agresor debido a la inexistencia de salas  de espera individuales, SPJ USO denuncia en los medios la carencia absoluta de medios materiales y personales, y el olvido de los poderes públicos de la inversión necesaria para acabar con la lacra de la violencia sobre la mujer.

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Los equipos psicosociales tardan un año en valorar a víctimas de maltrato

VER DENUNCIA DE SPJ USO EN LA VOZ DE GALICIA «son los funcionarios los que han de consolar a las víctimas y ofrecerles soluciones, sin estar preparados para ello», denuncian desde el sindicato SPJ- USO

El equipo psicosocial del Instituto de Medicina Legal de Galicia (Imelga) que presta sus servicios en el partido judicial de Vigo cuenta con cuatro profesionales. Dos son psicólogos, y los otros dos, trabajadores sociales. Atienden los juzgados de familia, al de violencia contra la mujer y al de menores. Todo caso de maltrato, separación, abusos, divorcio, custodia o medidas de alejamiento que ocurre desde Vigo a Baiona, Nigrán o Gondomarlo han de asumir ellos. Y no pueden. «No podemos», relata uno de los miembros de ese equipo

En los juzgados coruñeses pasa exactamente lo mismo. También son dos los psicólogos, y otros dos, los trabajadores sociales. Y son tantos los casos que llegan a los juzgados de familia o de violencia contra la mujer todos los días, que su asistencia se retrasa durante meses.

Se crean 16 plazas de magistrados en órganos colegiados.

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Real Decreto 229/2017, de 10 de marzo, por el que se crean 16 plazas de magistrados en órganos colegiados para hacer efectiva la segunda instancia penal.

Tres plazas de Magistrado en la Sala de Apelación de la Audiencia Nacional.

Trece nuevas plazas de Magistrado en los Tribunales Superiores de Justicia

a) Seis plazas de Magistrado para la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, de Ceuta y de Melilla.

b) Tres plazas de Magistrado para Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

c) Una plaza de Magistrado para la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.

d) Tres plazas de Magistrado para la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid