Las funcionarias del juzgado exclusivo de Violencia contra la Mujer de A Coruña tienen que asumir responsabilidades que nadie les pidió y para las que no están preparadas. Lo hacen porque alguien lo tiene que hacer y porque les nace, «porque no podemos dejar a una víctima desatendida y abandonada», dicen. Así que, aparte del trabajo que tienen encomendado, se ven en la obligación de suplir al equipo psicosocial que del que debería disponer el juzgado, según lo ordena la ley integral contra la violencia de género. Denuncian que si el Instituto de Medicina Legal de Galicia (Imelga) contase con más profesionales, podría haber un psicólogo permanente en el juzgado para asistir a las víctimas. Como no lo hay, las funcionarias asumen el papel.