Inquietud a que la norma que entra en vigor en julio vacíe de contenido a estos entes.
VER NOTICIA VOZ DE GALICIA Ni se privatiza, ni pasa a manos de los registradores. La reforma de la Ley del Registro Civil que entra en vigor el próximo 1 de julio garantiza que el servicio seguirá siendo público, pero, al mismo tiempo, alimenta el temor en determinados sectores de que sea el principio del fin de los juzgados de paz pontevedreses.
El texto supone el desmantelamiento del servicio público tal y como se concibe en la actualidad. Todo apunta a que podría vaciarse de contenido a los registros civiles de los juzgados de paz que, por otro lado, son el principal motivo de que estos órganos sigan persistiendo. El proyecto establece que el registro civil de estos entes solo estará operativo hasta el momento en el que la totalidad de los trámites se realicen de forma electrónica. «Es algo, en principio, a largo plazo, pero es una realidad que está ahí», advirtió un abogado pontevedrés
