Artículo de J. Oriol Rusca publicado en elperiodico.com. Después de casi dos años de aplicación de la tasa judicial, resulta más que acreditada su nocividad tanto para la ciudadanía como para los profesionales y para la justicia en general.
Cuando el ministro de Justicia presentó la ley que aprobó la tasa, no ocultó que pretendía limitar el número de pleitos y conseguir un sistema que debía financiar a la justicia gratuita. Y hemos de comenzar señalando que la limitación del acceso a la justicia establecida por esta tasa comporta en sí misma y ha comportado una reiterada vulneración de un derecho fundamental: el derecho a la tutela judicial de los ciudadanos (de manera especialmente grave a la hora de formular recursos en instancias superiores) porque las cuantías establecidas resultan muy desproporcionadas, incluso abiertamente obstruccionistas, hasta el punto de que hay casos en los que el coste de la tasa es superior a la cantidad que se pretende reclamar en el juicio. Sigue leyendo
