La portavoz del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Gabriela Bravo Sanestanislao, anunció hoy que el órgano de gobierno autónomo del Poder Judicial convocará en junio una reunión con el Ministerio de Justicia y las comunidades autónomas para «consensuar voluntades» y evitar posibles movilizaciones de los jueces y magistrados.
Tras participar con una ponencia en el curso ‘Oratoria y Comunicación’, organizado por la Fiscalía Superior de Canarias en la capital grancanaria, Bravo expresó su confianza en «la voluntad de todos y en que las negociaciones y el trabajo del día a día consiga consensuar las voluntades y evitar medidas que no son lo más deseables».
La portavoz incidió en que el CGPJ está «comprometido con la modernización de la justicia», no en vano recordó que el pasado mes de noviembre se aprobó un plan de modernización que el órgano quiere «impulsar», para lo que necesita «el acuerdo social al que invoca el ministro», Francisco Caamaño.
No obstante, reiteró que «las demandas de los jueces y sus movilizaciones lo que han conseguido es visibilizar la verdadera problemática que está afectando a la Administración de Justicia y que la justicia es la asignatura pendiente de la Democracia».
Igualmente, subrayó que «los jueces han dicho basta ya de trabajar con esta deficiencia de medios personales y materiales y que necesitan el apoyo de los responsables políticos para poder asumir un trabajo con las garantías necesarias para que el derecho a la tutela judicial efectiva sea una realidad».
AUMENTO DE LA LITIGIOSIDAD EN UN 200%
Por otro lado, respecto a los efectos de la crisis económica en los órganos jurisdiccionales, la portavoz destacó que ya desde noviembre del pasado año el CGPJ advirtió de que en los juzgados de lo Mercantil «en menos de un año en determinadas comunidades autónomas y, sobre todo, capitales de provincia, el incremento de la litigiosidad iba ser sobre un 200%».
Además, señaló que también esta problemática se visualizó en el ámbito de la jurisdicción social y el Consejo adoptó un plan de medidas de choque aprobando la creación de juzgados bises y refuerzos para «atender a la demanda derivada de la crisis» para que al ciudadano «perjudicado por encontrarse en desempleo que a esta situación tan gravosa no se le sumen los perjuicios derivados de una justicia lenta».
De este modo, resaltó un aumento de litigiosidad en los juzgados de lo Mercantil de Cataluña, especialmente de Barcelona, en Palma de Mallorca, Valencia, Madrid, y también en la provincia de Las Palmas, donde la jurisdicción civil y mercantil está «muy saturada desde hace ya casi dos años», subrayó Bravo, que comentó que el incremento de casos por la crisis en la Comunidad Autónoma Canaria ha sido «muy grave».
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