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SPJ-USO, STAJ, UGT, CSIF y CCOO presentan las conclusiones de las asambleas celebradas en toda Galicia y reclaman medidas urgentes para evitar nuevos retrasos y sobrecarga laboral.

Los sindicatos representativos de la Administración de Justicia en Galicia —SPJ-USO, STAJ, UGT, CSIF y CCOO— han comparecido hoy en rueda de prensa conjunta para denunciar la grave situación que está generando la implantación de los Tribunales de Instancia en la comunidad autónoma.

Las organizaciones sindicales aseguran que la puesta en marcha de este nuevo modelo organizativo está provocando un importante caos interno, una creciente sobrecarga de trabajo y un riesgo real de colapso en el funcionamiento de los órganos judiciales.

Según explicaron los representantes sindicales, los problemas detectados no son puntuales ni aislados, sino estructurales y generalizados en buena parte de los partidos judiciales gallegos. Aunque reconocen que la reforma impulsada por la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia persigue objetivos de modernización, denuncian que su aplicación en Galicia se está realizando de forma precipitada, sin la planificación necesaria y sin los recursos humanos y materiales imprescindibles para garantizar una transición ordenada.

Los sindicatos señalaron que la reorganización del personal se está llevando a cabo sin criterios claros y con una movilidad de trabajadores carente de planificación previa. A ello se suma, según indicaron, una falta de coordinación interna que está dificultando el funcionamiento ordinario de las oficinas judiciales.

Asimismo, denunciaron una insuficiente dotación de personal en áreas especialmente sensibles como civil, penal y ejecución. También alertaron de la demora en la cobertura de vacantes, las dificultades para realizar sustituciones y la eliminación de refuerzos que hasta ahora permitían atender adecuadamente la carga de trabajo existente.

Como consecuencia directa de esta situación, las organizaciones sindicales advierten de un progresivo deterioro del servicio público de Justicia. Entre los efectos más preocupantes destacan el incremento de los retrasos en la tramitación de procedimientos y ejecuciones, la acumulación de asuntos pendientes, el aumento de la presión sobre las plantillas y una pérdida de calidad en la atención a la ciudadanía.

Durante la comparecencia, los sindicatos recordaron que la puesta en marcha de los Tribunales de Instancia no es una decisión discrecional de la administración autonómica, sino una obligación derivada de la Ley Orgánica 1/2025 promovida por el ministro Félix Bolaños. En este sentido, explicaron que su crítica, por tanto, se dirige tanto a la reforma judicial en sí misma, como a la manera en que se está ejecutando en Galicia. En este sentido, reclamaron a la Dirección Xeral de Xustiza, en la parte que le toca, una actuación inmediata para corregir las deficiencias detectadas, reforzar las plantillas, cubrir las vacantes existentes y garantizar una implantación planificada y consensuada del nuevo modelo organizativo.

Los sindicatos recordaron, además, que este diagnóstico es el resultado de una amplia labor de escucha realizada en las últimas semanas mediante asambleas celebradas en distintos partidos judiciales de Galicia. En todas ellas, los trabajadores y trabajadoras han trasladado un mensaje prácticamente unánime: la implantación de los Tribunales de Instancia se está llevando a cabo sin la planificación necesaria.

Las organizaciones sindicales anunciaron que continuarán trasladando esta problemática a las distintas administraciones competentes y no descartan nuevas acciones de denuncia y movilización si no se adoptan medidas urgentes que permitan evitar el deterioro del servicio y de las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras del sector.