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Accede a la CIRCULAR SPJ-USO LEI DE EFICIENCIA 15-11
La norma necesita de una ‘vacatio legis’ amplia, no prevista en su texto, porque se trata de un cambio de modelo en la justicia
Siguen arreciando las críticas a la futura Ley orgánica de eficiencia organizativa, muy avanzada su tramitación parlamentaria.
Ahora, tras su aprobación en el Congreso se trasladará al Senado donde previsiblemente el Partido Popular, con mayoría en la Cámara Alta, la vete. Eso supondrá su vuelta al Congreso para su aprobación definitiva, previsiblemente antes de que acabe este año. Sin embargo, al igual que magistrados y juristas manifestaban su escepticismo por la reforma, ahora son los letrados de la Administración de Justicia (LAJs) y los sindicatos de funcionarios, que implementarán el cambio de modelo, los que señalan las carencias de la norma.
Profesionales de ambos colectivos consultados por Economist & Jurist muestran su desazón ante una reforma que tiene un marcado tinte político, con las concesiones de las ejecuciones a los procuradores y la permanencia de los juzgados de paz.
Al mismo tiempo consideran que hará falta una vacatio legis importante de la norma, más de un año; y tendrá que implementarse en la oficina judicial de estos tribunales de instancia, lo que puede generar problemas. Respecto al desarrollo de la mediación como paso previo para interponer la demanda, creen que si no se hace bien acabará siendo un trámite más.
“Se crean macrooficinas en los partidos judiciales. Esto puede generar una gran desorganización. Recuperar a los jueces de paz no tienen sentido”, comenta este jurista, “es una petición de los nacionalistas de Junts”.
“la futura Ley de eficiencia organizativa tiene carencias serias que pueden impedir que funcione correctamente. Es negativo que se deleguen funciones de ejecución y de comunicación en los procuradores. Es contrario a todos los informes que hay sobre la materia tanto del CGPJ, como del Consejo de Estado la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD). Se ha introducido en el texto por enmiendas de nacionalistas, catalanes y vascos, sin ninguna justificación porque no estaba en el texto inicial ni en la exposición de motivos. Supone una privatización de la justicia y es negativo”.
Sobre la reforma señala “que la oficina judicial del tribunal de instancia con sus LAJs y funcionarios no está prevista. La previsión legal nos puede abocar de aquí al final del año, que viene a un caos absoluto. Eso se lo hemos comentado al ministro Félix Bolaños. La ley contiene una reforma del Real Decreto 6/2023 cuando hay otra reforma en el Congreso. No lo entendemos”.
También indica que “la reforma en las comunidades autónomas como Madrid, con competencias transferidas, tendrán que pagarla estas entidades. En este caso, hay que recolocar todas las causas que se tramitan y los funcionarios que hay. Si no se hace con criterio puede ser caótico. Eso no se puede hacer en seis meses. Debe ser más amplia la vacatio legis”.
Desde su punto de vista “el problema de la ley es que tiene más de pactos políticos que de conveniencia jurídica. Pocas referencias se hacen a que tengamos un único sistema de gestión procesal interoperable en las comunidades autónomas. Nosotros vamos a intentar que las delegaciones de ejecuciones las hagamos los LAJs, en cualquier actividad de este tipo se necesita una autorización judicial, eso haría que no se retrasaran muchos los asuntos y se evitara la desorganización”.
“Respecto a la mediación, es algo que es externo y que irá a parar a determinados grupos. Una privatización de la justicia. Será un trámite más entre los abogados para presentar luego la demanda”.
Para Juan José Yáñez, portavoz nacional de la Unión Progresista de Letrados de la Administración de Justicia (UPSJ), “la nueva ley supone un cambio radical en la organización del servicio público, que en principio debería suponer un mejor empleo de los recursos, pero requiere de un importante desarrollo reglamentario que habrá que ver si es realista en los tan cortos plazo previsto para su entrada en vigor. A nivel de los trabajadores tendremos que adaptarnos a que nuestro destino no será el juzgado, sino unos servicios comunes muy amplios”.
Desde su punto de vista “la facultad de delegación de actuaciones ejecutivas a los procuradores ya no está clara cuanto puede alcanzar, pero es un error atribuir la delegación al juez y no al LAJ. Es importante conocer sin embargo, el texto final ya que ha habido mucha variaciones y enmiendas. Confiemos que se llegue a un acuerdo político en el Senado para corregir posibles errores”. Desde este colectivo se asegura que hay problemas serios en juzgados porque aún no ha habido planes de refuerzo tras la huelga de funcionarios y de los propios LAJs.
Sobre el tema de la mediación, Yáñez recuerda que “es un tema importante, habrá que ver realmente como ha quedado definido. Es importante buscar soluciones consensuadas que son más eficaces a menudo que las judiciales contenciosas, pero no deben suponer un retraso excesivo ni un aumento de costes para los propios usuarios”.
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