Archivo diario: 16/10/2009

Fuente: Europa Press

El Pleno del Congreso de los Diputados aprobó definitivamente la reforma de la legislación procesal para la implantación de la Nueva Oficina Judicial y la ley orgáncia que la complementa, en la que se incluye la limitación de las competencias de España en la persecución de los delitos internacionales, un punto que no fue respaldado por ERC, IU, ICV y el BNG.

La Cámara Baja dio su apoyo unánime a las enmiendas introducidas en el Senado al proyecto de reforma, mientras que la ley orgánica fue votada en su conjunto favorablemente por PSOE, PP, CiU y PNV. Sin embargo, los nacionalistas vascos no apoyaron la enmienda relativa a la limitación de la Justicia Universal que se había introducido en el Senado y que eliminaba la mención a los crímenes de guerra.

Con la modificación del artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, los jueces españoles sólo podrán perseguir a partir de ahora los crímenes cometidos en el exterior en los que se vean implicados nacionales o cuyos autores se encuentren en España.

A pesar de las diferencias sobre esta cuestión, que han protagonizado el debate más acalorado durante la tramitación del proyecto de ley en las Cortes, todos los grupos que hoy tomaron la palabra coincidieron en destacar el acuerdo alcanzado por todas las formaciones políticas para implantar la nueva Oficina Judicial.

CAAMAÑO AGRADECE EL «COMPROMISO» DE TODOS LOS GRUPOS

De hecho, el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, tomó la palabra para agradecer a todos los grupos el apoyo a la reforma y el compromiso con «el interés general de los españoles». Caamaño destacó la apuesta del Congreso y el Senado por una «Justicia moderna y tecnológicamente avanzada, una Justicia más ágil y más clara, y, sobre todo, una Justicia que se preste en plazos razonables».

En concreto, el ministro resaltó que con esta reforma se responde a la necesidad de reasignar funciones entre los actores que intervienen en los procedimientos judiciales «para ganar en especialización y eficacia»; acortar plazos y simplificar trámites para «ahorrar tiempo a los ciudadanos»; y suprimir recursos «superfluos» que «alargan innecesariamente los litigios».

Con las leyes que hoy han sido aprobadas, dijo, España «ya cuenta con el marco legal necesario para hacer real una administración de Justicia homologable en su vertiente de servicio público esencial a otros servicios públicos avanzados».

La portavoz adjunta de Justicia del PP, Dolors Montserrat, se felicitó por la aprobación ambas normas, pero lamentó que durante el primer Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero no se hiciera «nada» por la Justicia. En su opinión, el «dogmatismo» de su primer ministro del ramo, Juan Fernando López Aguilar, y la «incompetencia» del segundo, Mariano Fernández Bermejo, dejó «en blanco» la Justicia.

PP: SE TRATA DE BUSCAR MÁS «EFICACIA»

Además, la diputada del PP aprovechó para defender que el debate sobre la limitación de la Justicia Universal no se puede llevar al terreno de «quién está en contra o a favor» de la defensa de los Derechos Humanos y recalcó que no se puede decir de ningún grupo político la «aberración» de que es contrario a esta cuestión porque «nadie» los defiende «con más intensidad que otros».

En su opinión, lo que busca esta reforma es pactar el «ámbito de actuación» de los tribunales españoles, con el objetivo de buscar su «eficacia». «¿De qué sirve iniciar un proceso contra un genocida si no está en nuestro territorio ni tenemos la posibilidad de castigarle?», se preguntó.

A juicio de la diputada ‘popular’, a España esto «no le sirve de nada», y sólo puede llevar a «dar un espectáculo bochornoso» o «crear falsas expectativas» a las víctimas, además de venirle bien «a algún juez para ganar cientos de miles de euros haciendo cursillos» en otro país.

El portavoz de CiU, Jordi Jané, también expresó el apoyo de su grupo al proyecto en su conjunto y a la limitación de la Justicia Universal, si bien puntualizó que le hubiera gustado «un planteamiento distinto» para un «tema delicado» como éste.

Además, Jané manifestó su voluntad de que España no deje de «ser abanderado en ningún momento de la defensa de los Derechos Humanos y de la Jurisdicción Universal». «Se ha acotado, pero no vayamos a trasladar a la opinión pública que damos pasos a atrás, porque no es la voluntad compartida de hacerlo», advirtió.

PNV: EL PROYECTO ES UN «ZOCO» DE ASUNTOS

Por su parte, el portavoz del PNV, Emilio Olabarria, anunció su oposición al modo en que se ha reducido el ámbito de la Justicia Universal, aunque se mostró contrario a que la Audiencia Nacional se convierta en  «el gendarme del mundo». Para Olabarria, esta cuestión se debería haber debatido de otra manera y no en el marco de una ley en la que finalmente «menos la Oficina Judicial se regula de todo».

A pesar de que el diputado nacionalista insistió en que estas dos leyes han acabado «regulando un zoco, una miscelánea de asuntos», explicó que para su grupo incluyen «algunas cosas razonablemente buenas», por lo que cuentan con su apoyo.

Del mismo modo, el portavoz de ERC, Joan Ridao, expresó su «apoyo global» a los dos proyectos, aunque también dejó claras sus discrepancias respecto a la limitación de la Justicia Universal, que motivaron su voto en contra a este punto. En concreto, el diputado catalán lamentó que se vaya a perder «una conquista» hasta ahora «irrenunciable» y propia de «una sociedad democrática avanzada».

ERC: «VAMOS A CONSUMAR UN PASO ATRÁS»

Ridao hizo hincapié en que todavía «subsisten crímenes de especial gravedad que permanecen impunes y cuestionan los Derechos Humanos más fundamentales» y consideró que la ley orgánica que permitía su persecución en ESpaña «debería haber continuado igual» que estaba. «Vamos a consumar un paso atrás y un grave error que nuestro grupo habría querido evitar», remachó.

Por su parte, el portavoz de Justicia del PSOE, Julio Villarrubia, subrayó que, con esta reforma, los socialistas «no han cambiado su forma de pensar ni su sensibilidad respecto a la Jurisdicción Universal» y recordó que la enmienda del Senado, en la que se elimina la mención a los crímenes de guerra, especifica que será perseguido en España cualquier delito establecido por los «Convenios de Derecho Internacional Humanitario y de protección de los Derechos Humanos».

Vilarrubia insistió en que «más allá del debate teórico a veces acalorado», la regulación española «sigue permitiendo que estos delitos graves no queden impunes y puedan ser perseguidos y juzgados».

Al margen de esta cuestión, el Congreso de los Diputados dio también luz verde al conjunto de enmiendas procedentes del Senado y relativas a otras cuestiones de carácter más técnico, como las referentes al papel de los graduados sociales en los procedimientos laborales.

En concreto, la enmienda aclara que estos profesionales podrán actuar como «representantes técnicos» de sus clientes en la presentación de recursos de suplicación.