Los funcionarios exigen la retirada de la Ley de Reforma de las Clases Pasivas

Fuente: Expansión.com

La Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME), el Sindicato Unificado de Policía (SUP), la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) y CC.OO. exigen la supresión de la reforma de la Ley de Clases Pasivas prevista en los Presupuestos Generales del Estado para 2009, y no descartan movilizaciones si el Gobierno no la retira.

Estas organizaciones, constituidas en una plataforma, se plantean emprender movilizaciones y diversas acciones jurídicas, como recursos ante el Defensor del Pueblo o ante el Constitucional si el Gobierno no rectifica y sigue adelante con la reforma de esa Ley que supone una serie de graves recortes en las prestaciones sociales de los funcionarios.

Los Presupuestos Generales, en trámite parlamentario en el Congreso, contemplan cambios en diversos artículos sobre el régimen de la Seguridad Social sobre las clases pasivas del Estado, que afectarán negativamente a 800.000 funcionarios, principalmente docentes no universitarios, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, militares y Correos, según han denunciado estas organizaciones.

Miguel Segarra, de CC.OO., señaló ayer en una rueda de prensa en Madrid que la Ley de Presupuestos, por un procedimiento «absolutamente irregular», incluye una importante modificación en las clases pasivas que afecta a las incompatibilidades y el retiro por invalidez. Según sus cálculos, la propuesta del Gobierno supondrá un recorte del 75 al 55% en la pensión y fija un mínimo de cotización a la Seguridad Social de 20 años.

Casi tres mil jubilaciones por incapacidad Directamente afectará cada año a unas 2.800 jubilaciones por incapacidad permanente en el servicio, según ha recalcado Segarra, quien ha agregado que la medida vulnera la legalidad, porque el artículo 39 del Estatuto de la Función Pública obliga a negociar estas condiciones en una mesa de las administraciones públicas.

El representante del SUP, José Manuel Sánchez Fornet, ha denunciado que el Gobierno pretende aplicar recortes sociales, «hurtando el debate y en contra del Constitucional», y ha considerado que se vulnera el derecho a la negociación colectiva.

Por su parte, el portavoz de la Federación de Enseñanza de CCOO, Luis Castillejo, ha apuntado que con la medida planteada por el Gobierno un maestro que sufra un accidente laboral que derive en una situación de incapacidad verá reducida en un 45 por ciento su pensión.

El secretario general de AUME, Mariano Casado, y el responsable de la AUGC, José Manuel Delgado, han coincidido en subrayar que el Gobierno comete una «injusticia salarial», especialmente con policías, guardias civiles y militares.

Casado ha indicado que existe malestar entre los miembros de las Fuerzas Armadas y ha aclarado que quienes no puedan seguir desempeñando sus funciones como miembros de las Fuerzas Armadas, como consecuencia de estar en situación de inutilidad permanente para el servicio, verán reducida su pensión en un 25 por ciento si no llevan 20 años en servicio.

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