Acuerdo del Tribunal N.º Uno de rectificación de la plantilla correctora del primer ejercicio de turno libre, celebrado el 25 de septiembre.Comentarios desactivados en Oposiciones 2010, Secretarios Libre, rectificación plantilla correctora
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Acuerdo del Tribunal por el que se hace pública la relación de aspirantes con la valoración provisional de méritos de la fase de concurso, del TURNO LIBRE y se abre el plazo de diez días hábiles,para presenar alegaciones.El plazo de diez días comienza el 29 de septiembre y finaliza el 8 de octubre de 2010.
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Acuerdo del Tribunal N.º Uno de Publicación de la plantilla correctora del primer ejercicio de turno libre celebrado el pasado 25 de septiembre.Comentarios desactivados en Oposiciones 2010, Secretarios Libre, plantilla correctora primer ejercicio
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Los cinco sindicatos judiciales de la justicia (CSIF, CC OO, UGT, CIG y USO) rechazaron ayer la actitud del conselleiro de Presidencia, Alfonso Rueda, ante los problemas de un servicio público «a punto de colapsarse» y criticaron que no se reúna con ellos para explicarles los recortes mientras se dedica «a organizar la fastuosa visita del Papa». Para las centrales sindicales la situación en los juzgados se ha agravado al coincidir la crisis económica, que ha provocado un aumento del 60% de procesos judiciales en Galicia, la implantación de un nuevo sistema informático «para el que solo están formados como máximo un tercio de los funcionarios» y la falta de nuevos órganos. Además destacan el incumplimiento del plan de infraestructuras 2010-2015, del que «no se ha comenzado ninguna obra».
El principal problema para los representantes de los trabajadores es la implantación de la nueva Oficina Judicial, que pretende ser «la gran revolución en la administración de justicia, que sigue anclada en el siglo XIX». Uno de los pilares del nuevo sistema es la informatización de todo el proceso, pero su implantación está generación numerosos problemas. Los sindicatos denuncian la falta de formación de los funcionarios, la escasa atención a sus dudas que reciben de los servicios informáticos de la Xunta y el Ministerio de Justicia o los numerosos fallos que presenta, que en ocasiones «obliga a introducir hasta 20 veces los mismos datos de un proceso judicial».
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El sistema de asistencia sanitaria que rige desde 1975 en España para los funcionarios –el Modelo Muface– vuelve a estar en la picota. Casi un año después de que sufriera una de sus mayores crisis, el debate sobre su supervivencia se encuentra sobre la mesa del Gobierno, y no son pocas las voces dentro del mismo que abogan por una reestructuración que podría dejarle sin oxígeno a medio y largo plazo.
Según ha podido saber LA RAZÓN, durante los últimos meses se ha reproducido en varios Ministerios el debate latente dentro del PSOE sobre el retoque y la eliminación del modelo, con opiniones divergentes. El sistema Muface otorga cada año a más de un millón y medio de funcionarios de la Administración Civil del Estado la posibilidad de elegir entre una asistencia ofertada por aseguradoras privadas o por la Sanidad pública, siempre con cargo al Erario del Estado. Dicha posibilidad rige también para los funcionarios de Justicia –el modelo Mugeju– y para los miembros de las Fuerzas Armadas –el régimen Isfas–.
Dentro del PSOE han sido numerosos los expertos partidarios de eliminar los beneficios, por considerarlos un agravio comparativo para el resto de los empleados que, además, fortalecen a la Sanidad privada. Otro sector, en el que se encuadran altos cargos actuales de Sanidad, entiende que el modelo es beneficioso para la Sanidad en general, pues evita sobrecargar el sistema público con más de un millón de nuevos pacientes y permite la subsistencia de una red sanitaria privada que, de otra forma, estaría condenada a desaparecer.
Fuentes gubernamentales explicaron que se ha barajado seriamente la posibilidad de dejar de aplicar dicho régimen a los funcionarios de nuevo cuño a partir de una fecha, aunque los actuales sí seguirían teniendo la posibilidad de elegir entre los dos modelos sanitarios. Los partidarios de tal medida se amparan en el punto 6 de las recomendaciones del Pacto de Toledo, que recoge la necesidad de «simplificar e integrar» los regímenes especiales porque «la experiencia demuestra que existen ciertas disfunciones en cada uno» de ellos «que se apartan de los fines para los que fueron creados», según las fuentes.
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