SPJ USO SOLICITA: se proceda a la revisión técnica inmediata de los sistemas de grabación en las Salas de Vistas y en las Salas de Declaraciones del Juzgado de Guardia de los Juzgados de Vigo y se dote a las Salas de Vistas de puestos de trabajo duales e independientes (doble equipo/periféricos) que permitan el correcto ejercicio de las funciones de los Cuerpos de Auxilio y Tramitación (a dia de hoy el auxilio y el tramitador comparten ratón y ordenador) garantizando la salud laboral y la eficiencia del Servicio Público de Justicia, todo ello en aras de una modernización de los sistemas de captación de audio en las sedes judiciales de Vigo, dotándolas de equipos de alta fidelidad que garanticen el correcto ejercicio de la función jurisdiccional y el cese de las fricciones laborales derivadas de estas carencias materiales:
PRIMERO. – DEFICIENCIA CRÍTICA DE LOS MEDIOS TÉCNICOS Y AUDIOVISUALES.
Se ha constatado de forma reiterada la ínfima calidad de las grabaciones de audio y vídeo en las salas de vistas, especialmente en la sede de la Cidade da Xustiza de Vigo. La falta de nitidez y la presencia de ruidos imposibilitan la posterior visualización y transcripción por parte de los Magistrados, comprometiendo la fase de resolución y la seguridad jurídica.
SEGUNDO. – PERJUICIO A LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL Y CONFLICTIVIDAD LABORAL.
Estas carencias técnicas generan situaciones de tensión durante el desarrollo de las vistas. La imposibilidad de garantizar un registro fiel causa preocupación tanto para el cuerpo de Auxilio Judicial, como para los Magistrados que tienen que visualizarlas para desarrollar bien su trabajo. Resulta inaceptable que tanto los funcionarios como los Magistrados deban soportar estas situaciones de tensión, por fallos estructurales del hardware o software (sistema eFidelius) ajenos a su competencia y diligencia profesional.
TERCERO. – VULNERACIÓN DE LA SEGURIDAD JURÍDICA Y COSTES PROCESALES.
La inaudibilidad de las declaraciones compromete el derecho a la tutela judicial efectiva. Ya se han producido suspensiones de juicios y mandatos de repetición de vistas con el consiguiente perjuicio para los ciudadanos y un coste económico inasumible para la Administración, que debe sufragar la reiteración de actos procesales por falta de mantenimiento técnico.
Actualmente, la situación es crítica en las Salas de Declaraciones del Juzgado de Guardia de Vigo, donde la imposibilidad de recuperar el audio grabado está provocando suspensiones y mandatos de repetición de vistas.
Resulta paradójico e injustificable que un edificio de reciente inauguración presente tales carencias de mantenimiento, obligando a realizar conexiones mediante entornos virtuales (CITRIX) que carecen de la estabilidad necesaria para la función judicial. Sirva como ejemplo la reciente imposibilidad de grabar declaraciones de internamiento durante esta semana, viéndose el servicio abocado a soluciones de fortuna técnicamente inoperantes.
CUARTO. – INSUFICIENCIA DE EQUIPAMIENTO E INVIABILIDAD OPERATIVA.
Actualmente, el puesto de control de sala dispone de un único ordenador y un único ratón para ser compartido simultáneamente por dos funcionarios (Auxilio y Tramitador) con tareas distintas. Es físicamente imposible que el Auxilio gestione la grabación y el Tramitador documente el acta en eFidelius al mismo tiempo con un solo terminal. Esta configuración ralentiza el procedimiento, induce al error humano y hace inviable el flujo de trabajo paralelo que exige una vista judicial moderna.
QUINTO. – INCUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES.
Esta situación contraviene la Ley 31/1995 y el RD 488/1997 sobre PVD:
- Riesgos Psicosociales: El uso compartido de periféricos para tareas críticas genera una carga mental y estrés excesivos (Art. 3 RD 488/1997).
- Ergonomía: Se impide una postura correcta y el manejo cómodo de equipos, derivando en fatiga física y posturas forzadas según los criterios del INSST.
SEXTO. – VULNERACIÓN DEL MARCO DE MODERNIZACIÓN DIGITAL.
El estado de los equipos choca frontalmente con el Real Decreto-ley 6/2023 y la Ley 20/2023 de Eficiencia Digital, que obligan a garantizar la calidad y sostenibilidad de los sistemas. Asimismo, se incumple el Art. 230 de la LOPJ y la Ley 18/2011, al no dotar de medios ágiles y seguros que eviten la nulidad de actuaciones por indefensión.
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