Publicado en ABC.ES
La nueva Oficina Judicial que el pasado miércoles abrió sus primeras dos puertas en Burgos y Murcia cambiará el funcionamiento de la administración de Justicia española con un modelo mucho más práctico en el que desaparece el juzgado con un juez, un secretario y varios funcionarios. A partir de la entrada en funcionamiento del nuevo modelo, el juez se centrará en el mandato constitucional de juzgar y hacer cumplir lo juzgado y se verá respaldado en esta labor por equipos de funcionarios liderados por secretarios judiciales y con un alto grado de especialización.
El Ministerio de Justicia ha elegido a Burgos y Murcia para poner en marcha de forma pionera el nuevo modelo de Oficina Judicial, aunque en el caso de las dependencias murcianas se aplica de forma parcial y sólo en Burgos ha arrancado de forma simultánea en los cuatro órdenes jurisdiccionales.
Pese a la complejidad de la operación, el secretario coordinador de Burgos, José Luis Gómez Arroyo, ha calificado la operación de puesta en marcha de la Oficina Judicial de «relativo éxito», dado que no se han tenido que paralizar los juzgados y sólo se ha apreciado una ligera reducción del ritmo de actividad en algunos servicios durante varios días de de la pasada semana.
El miércoles fue el «día grande» para la puesta en servicio del nuevo modelo, aunque la última fase de su implantación se inició siete días antes con la migración de los datos de los expedientes, tanto de forma física como informática. Durante varios días, y el propio día de la puesta de largo, el trasiego de cajas de cartón cargadas de expedientes se convirtió en algo habitual en el edificio de juzgados de Burgos.
Los funcionarios judiciales, todavía con una carpeta recién recibida con algunos detalles últimos para el nuevo organigrama, reconocían el «jeroglífico» que supone trasladar y reordenar miles de expedientes. Además, durante el fin de semana anterior, se había reorganizado el espacio, con cambio de muebles y despachos, en un intento de realizar en pocos días un proceso complejo que, de otra forma, podría paralizar el funcionamiento de la administración de Justicia en Burgos.
Sin embargo, la parte más delicada de la operación, en el plano técnico, se encuentra en el programa «Minerva». En su carpeta, los funcionarios llevaban también las claves de acceso al nuevo sistema informático que abre el camino a la modernización de la administración de Justicia, pero que también supone una de las principales incertidumbres. Se trata de una herramienta informática delicada porque forma parte de un proceso en el que se debe garantizar por encima de todo la seguridad jurídica. El cambio no es sólo una mudanza y una migración de datos, sino que influye en cuestiones que afectan de forma muy profunda a las personas y se intenta primar la seguridad, de manera que hasta que todo funcione de forma segura se trabajará «con red», como aseguran los expertos.
Pruebas desde agosto
Los representantes sindicales de los funcionarios de Burgos se han venido quejando hasta la semana pasada, cuando comenzó a operar la nueva oficina, de los fallos de funcionamiento del sistema informático y la falta de formación, aunque las pruebas se vienen realizando desde el mes de agosto y en las últimas semanas se ha creado un equipo de cinco personas que han «forzado» las posibilidades del equipo para intentar que los fallos se produjeran antes de su plena entrada en servicio.
Es el mismo equipo que ahora atiende las incidencias que les comunican el resto de trabajadores de la administración de Justicia en Burgos y que forman parte de los 40 trabajadores interinos de Burgos que reforzarán la plantilla en las próximas semanas para evitar un impacto negativo de la entrada en servicio de la nueva organización. Sin embargo, es en los equipos informáticos donde más se manifiesta el temor de los funcionarios porque «durante las pruebas se han colgado y se han saturado en varias ocasiones y eso sería grave si se produce en la fase de funcionamiento real», según contaba uno de los trabajadores del edificio de juzgados.
Lo que está claro es que del éxito de la implantación de la Oficina Judicial en Burgos, con 300 trabajadores repartidos en seis plantas y 23 órganos judiciales, depende el ritmo de implantación del modelo en el resto de provincias españolas.
