El Consejo de Ministros ha aprobado el Anteproyecto de Ley Orgánica de medidas en materia de eficiencia del servicio público de justicia y de acciones colectivas para la protección y defensa de los derechos e intereses de los consumidores y usuarios.
En Galicia desaparecerían los 252 juzgados unipersonales y los 313 de paz para crear 45 tribunales de instancia y oficinas en cada municipio
Entre otras medidas, se crearán los tribunales de instancia, que sustituirán a los unipersonales, y oficinas de justicia en los municipios más pequeños, que reemplazarán a los actuales juzgados de paz.
Con esta reforma, se pasará de los 3.800 juzgados unipersonales actuales a 431 tribunales de instancia, uno por cada partido judicial que hay en España. En Galicia supondrá que desaparezcan 252 juzgados unipersonales que se relevarán por 45 tribunales de instancia.
Estos nuevos tribunales implicarán la redefinición de las Oficinas Judiciales, que pasarán a prestar apoyo en tramitación procesal y servicios comunes a su correspondiente Tribunal de Instancia, bajo la dirección de un letrado de la Administración de Justicia.
La reforma, eso sí, tendrá que ser aprobada por las Cortes Generales antes del 31 de diciembre para cumplir con los compromisos con la Comisión Europea y acceder a los fondos.
Esto permitirá, según Bolaños, reducir los tiempos y que los jueces y magistrados «saquen adelante el trabajo con mayor agilidad», al igualarse las cargas de trabajo de todos los partidos judiciales. Cada uno tendrá adscrita una oficina, para facilitar la tramitación y gestión de asuntos personales. Los criterios procesales serán «más comunes» y se evitarán diferencias «no siempre muy justificadas», como pasa ahora. Bolaños también aludió al tiempo «muy escaso» que suelen estar de media jueces y magistrados en los juzgados unipersonales, con las causas que dejan abiertas y que sus sucesores deben estudiar.
En esta reorganización de la Administración de Justicia se prevé también la creación de oficinas en los municipios más pequeños, que reemplazarán a los juzgados de paz que existen en todas las localidades. Serán puntos de contacto en los que los ciudadanos podrán realizar trámites procesales y judiciales sin tener que trasladarse al tribunal de instancia «y para que puedan acceder al servicio público de Justicia en igualdad de condiciones que las grandes ciudades». Estos tendrán más competencias para resolver el problema actual con el que se encuentran los titulares de los juzgados de paz
El ministerio quiere que la conciliación, extendida en el ámbito de los social, se traslade también al civil y al mercantil. Entre los proyectos del Gobierno aparecen otras reformas como la subasta judicial electrónica o las sentencias orales en determinados procedimientos. Pero ni se han avanzado plazos de cuándo se implantarán estas medidas ni lo que costarán.
La reforma, eso sí, tendrá que ser aprobada por las Cortes Generales antes del 31 de diciembre para cumplir con los compromisos con la Comisión Europea y acceder a los fondos.
El Consejo de Ministros ha aprobado el Anteproyecto de Ley Orgánica de medidas en materia de eficiencia del servicio público de justicia y de acciones colectivas para la protección y defensa de los derechos e intereses de los consumidores y usuarios.
Reorganización de la Administración de Justicia
La futura Ley Orgánica constituye el tercer pilar de la transformación integral de la Administración de Justicia impulsada por el ministerio, y sigue la senda de las medidas de eficiencia digital y procesal de la Administración de Justicia incluidas en el RDL 5/2023 y el RDL 6/2023.
La renovada estructura organizativa se asienta en tres novedades, como son los Tribunales de Instancia, uno por partido judicial; la implementación de una Oficina Judicial única para cada uno de esos tribunales; y las Oficinas de Justicia en los Municipios, que sustituyen a los juzgados de paz.
Respecto a la figura del Tribunal de Instancia, su implantación supondrá una importante optimización de recursos, al pasar de 3.800 juzgados a 431 tribunales de estas características, atajando posibles disfuncionalidades y permitiendo establecer criterios procesales comunes que garanticen la homogeneidad.
Estos nuevos tribunales implicarán la redefinición de las Oficinas Judiciales, que pasarán a prestar apoyo en tramitación procesal y servicios comunes a su correspondiente Tribunal de Instancia, bajo la dirección de un letrado de la Administración de Justicia.
Por su parte, las nuevas Oficinas de Justicia en el Municipio ampliarán considerablemente las competencias y los servicios que prestan los juzgados de paz, y seguirán cumpliendo su función social como punto de contacto con la ciudadanía, incluyendo como novedad la posibilidad de realizar actos y trámites procesales y registrales de manera telemática desde allí.
Esto contribuirá a avanzar en una Administración de Justicia más cercana que nunca para quienes no residen en núcleos urbanos, al tiempo que favorecerá la conciliación de los trabajadores de las Oficinas Judiciales y los Tribunales, gracias al despliegue de nuevas tecnologías que se está llevando a cabo para permitir la comunicación telemática entre todos los actores involucrados y la propia ciudadanía.
Eficiencia procesal. Medios alternativos de solución de controversias
El anteproyecto de ley orgánica aprobado también regula los mecanismos alternativos de solución de controversias (MASC), que ya se contemplaban en la Ley de Eficiencia Procesal que el Ejecutivo presentó la pasada legislatura. La aplicación de estos medios en vía no jurisdiccional, en el ámbito mercantil y civil, se contempla para evitar la sobrecarga de los juzgados y tribunales, limitando su intervención a aquellas causas en las que sean imprescindibles, y garantizado, a su vez, los derechos y las plenas garantías jurídicas de las partes.
Así, se potenciará la negociación entre las partes a través de instrumentos como la mediación, la conciliación privada, la oferta vinculante confidencial y la opinión de experto independiente, con el fin de encontrar soluciones dialogadas a sus disputas. Con el uso de estas herramientas, que ya son comunes y exitosas en países de nuestro entorno, cobrarán mayor protagonismo las profesiones jurídicas, ejerciendo la asistencia letrada a las partes.
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