El último Consejo de Ministros aprobó el gasto de 28 de millones de euros para el mantenimiento del servicio informático y gestión del puesto de trabajo en la Administración de Justicia durante un período de dos años. En definitiva, sigue el pozo sin fondo de la gestión de los programas informáticos, cuando existen programas de código libre que abaratarian los costes y siguen sin ponerse los medios para intercomunicar todos los órganos judiciales y/o utilizar el mismo programa de gestión en todas las comunidades para una mayor eficacia de la justicia.
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