La ley que elimina la incapacitación judicial y establece un sistema de apoyos con mayor peso de la curatela para las personas con discapacidades entró en vigor.
El pasado 3 de septiembre entró en vigor la ley que elimina la incapacitación judicial, la tutela y la patria potestad prorrogada. El 2 de junio, se aprobó una reforma del Código Civil que elimina la incapacitación judicial y la sustituye por un sistema de apoyos para las personas con discapacidad. La ley fue ratificada por el Senado y por el Congreso los días 12 y 20 de mayo, respectivamente, y publicada en el BOE el 3 de junio como: Ley 8/2021, de 2 de junio, por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica.
La nueva legislación forma parte de la mayor reforma legal sobre discapacidad en España y supone la derogación de leyes anteriores. Es, además, pionera a nivel europeo. Ha sido impulsada por el movimiento social que, desde hace 14 años, viene defendiendo los derechos de las personas con discapacidad y se fundamenta en los principios de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
A pesar de los beneficios que, a priori, pudieran suponerse para las personas con discapacidad, dicho cambio jurídico suscita aún mucha incertidumbre en su aplicación, especialmente para las familias.
En el día de hoy 5 de mayo de 2021, se ha publicado en el boe el Real Decreto-ley 8/2021, de 4 de mayo, por el que se 
