Con el tiempo, veremos si esta nueva inyección de dinero público consigue evitar que se repita una de las mayores negligencias informáticas de nuestra historia reciente.
En LexNet iba todo bien hasta que empezaron a suceder cosas raras. El desastre ocasionado por la plataforma de gestión y digitalización de la Justicia española está sufriendo un revés tras otro: sus fallos y vulnerabilidades no solo están afectando al Ministerio de Justicia, sino también a las empresas que lo ejecutaron —y a su tradición de subcontratar programadores al peso—, a los presupuestos de dinero público gastado en su contratación y, en general, a la imagen de un sistema judicial cuya seguridad informática parece más endeble que nunca, habiendo dejado al descubierto miles de procesos legales abiertos y a la vista de cualquiera.
Pese a la insistencia de Rafael Catalá por restarle importancia al asunto, lo cierto es que el ministro de Justicia va a comparecer en el Congreso para dar explicaciones. La situación no es para menos: según los expertos consultados por este periódico, LexNet volverá a fallar sí o sí, ya que tiene «gravísimos agujeros de seguridad«.
El Consejo de Ministros del Gobierno de Rajoy acaba de aprobar una inversión de 61,2 millones de euros para solucionar los problemas derivados de LexNet, sus innumerables vulnerabilidades informáticas y las deficiencias con que las comunidades autónomas aún se encuentran a la hora de integrarse en la nueva plataforma:
1) Centro de proceso de datos: 36 millones
2) Mejoras tecnológicas: 19,1 millones
3) Integración de las CCAA: seis millones
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En el BOE de hoy se publica, Orden JUS/815/2017, de 4 de agosto, por la que se aprueba la relación provisional de admitidos y excluidos al proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre y promoción interna, en el Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia, convocado por Orden JUS/381/2017, de 28 de abril.
Tras los problemas que se produjeron a finales de julio durante varias horas en la plataforma LEXNET, en el que permitieron el acceso público a documentos de causas judiciales abiertas, algo que sería constitutivo de delito al contener asuntos confidenciales de procesos judiciales en curso.
