El conselleiro de Presidencia, Alfonso Rueda, situó en el tejado de los concellos la responsabilidad sobre la construcción de las nuevas sedes judiciales –la Ciudad de la Justicia de Vigo, la Torre de la Justicia en A Coruña, y también la de Pontevedra– al reclamarles que pongan a disposición de la Xunta los terrenos. Tras la reunión de la Comisión Mixta Xunta-Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), celebrada ayer en Santiago, aseguró que el Gobierno gallego está dispuesto a hacer todos los trámites y adoptar las partidas económicas necesarias para los nuevos edificios judiciales, siempre a condición de que “os concellos poñan os terreos”, algo que por el momento no hicieron, recordó.
Rueda advirtió de que solo cuando la Xunta pueda disponer de los solares se podrán “marcar os prazos” para la Torre de la Justicia coruñesa y el resto de las nuevas sedes judiciales previstas. En este sentido, recordó que “en ningún caso eses concellos puxeron a disposición da Consellería os terreos para facer as infraestructuras”, algo que es una “condición fundamental” para su construcción. Por eso, insistió en que “a Xunta está a espera” de que actuen los ayuntamientos.
Juzgado de familia en Vigo
En la reunión, también se abordó la polémica por el juzgado de lo mercantil en Vigo. Rueda explicó que fue la anterior consellería de Xustiza la que “unilateralmente” decidió priorizar esta unidad frente a la de familia, acordada en la anterior Comisión Mixta con los órganos judiciales gallegos.
A su juicio, el juzgado de familia en la provincia de Pontevedra “estaría funcionando este ano” si no fuera por la decisión de la Consellería que “provocó que la creación del juzgado de lo mercantil, que tiene ámbito provincial y cuya ubicación aún no está decidida, quede a expensas de una decisión del Consejo General del Poder Judicial” de la que aún se está a la espera.
Renovación informática
Por otra parte, Rueda anunció un plan de medidas urgentes sobre las nuevas tecnologías en la Administración de Justicia, que incluirá la renovación del parque de ordenadores y más formación, en materia tecnológica e informática, para los empleados. Con este plan se pretende solucionar las “disfunciones” de los dos sistemas informáticos con los que se trabaja en los juzgados, el Minerva y el Lexus net.
El conjunto de medidas, que será presentado dentro de cuatro semanas, tiene como objetivo inicial “abordar las disfunciones que se producen en el funcionamiento de las nuevas tecnologías en los juzgados, que, a veces, condicionan la marcha de los juicios y los procesos de justicia”, indicó el conselleiro.
Una vez resueltos estos problemas, se establecerá, “de aquí a final de año, un plan para implantar nuevos programas, mucho más ambicioso, a tres años”, explicó Rueda.