La estimación del Consejo, a partir de los datos del primer trimestre, rebasa en 45.000 los asuntos en trámite a finales de 2007 y denota la baja incidencia de la huelga de la Justicia. El Poder Judicial lo achaca a la laboriosidad de los jueces.
Los efectos de las prolongadas jornadas de protesta de jueces, con peticiones de huelga de brazos caídos por la anulación, entre otras reivindicaciones, de los complementos de productividad, y de funcionarios de Justicia, para equiparar sus salarios a los de sus homólogos autonómicos, no parecen haber hecho demasiada mella en el atasco estructural de los juzgados.
Los datos recabados por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) correspondientes al primer trimestre de este ejercicio, cuando el paro laboral se hizo más candente –se inició el 4 de febrero y concluyó definitivamente a comienzos de abril–, proyectan una estimación de 2,45 millones de casos en tramitación en todos los órdenes jurisdiccionales y en los diferentes estamentos de la Administración de Justicia. Apenas 45.000 litigios por encima de la cifra acumulada de asuntos con la que concluyó 2007, según el informe La Justicia Dato a Dato, elaborado por el Gobierno de los jueces.
Una circunstancia que el portavoz del CGPJ, Enrique López, se apresuró a relacionar con la “capacidad de trabajo, agilidad resolutiva y alta laboriosidad de los jueces, a pesar de ostentar un modelo retributivo anulado por el Tribunal Supremo” en 2005, y de “mantener una oficina judicial anquilosada, con compromisos políticos de modernización desde 2003”; sin resultados.
López, además, matizó que más de la mitad de los asuntos pendientes no son retrasados sino que están en trámite.
Aun así, la carga judicial española ofrece datos alarmantes. No sólo por el atasco, sino por la profusión de litigiosidad. De confirmarse las estimaciones del Consejo para 2008, la Justicia se habrá acostumbrado, por tercer ejercicio consecutivo, a manejar un elenco de pleitos superior a los 8 millones. En concreto, el vaticinio del CGPJ supondría un alza del 2,6% de asuntos ingresados y un retroceso del 0,6% de los resueltos, respecto a 2007.
El presidente del Poder Judicial y del Tribunal Supremo se atrevió ayer, durante la presentación de los datos estadísticos, a dejar varias pinceladas sobre las que debería plasmarse el colage de la, a su juicio, “necesaria reforma de la Justicia”. Francisco José Hernando incidió en la “reordenación” de la planta judicial, cuya configuración actual data de 1988, para adecuarla a “las nuevas condiciones socio-económicas”. Y no sólo impulsando la creación de juzgados, algo que “ayuda pero que contribuye a diluir el problema”.
En su opinión, esta iniciativa debe complementarse con medidas para reforzar juzgados que acumulan el incremento de litigiosidad de casos que, como los urbanísticos, han proliferado en los últimos años. U otros, como los pleitos concursales, que germinan en época de crisis como la actual, y que están empezando a colapsar los especializados juzgados de los mercantil.
Dos ejemplos del cambio del tráfico jurídico-mercantil que, para Hernando, “ya ha experimentado el país”. Aunque también apeló al reforzamiento de las plantillas en los juzgados de extranjería, donde los casos repuntaron un 33,5% el pasado año.
Síntoma –recalcó– del giro social y demográfico. Madrid y Murcia, con una elevación del 66% y el 56,2%, soportaron la mayor congestión de asuntos relacionados con la inmigración. Frente al modesto alza del 3,9% de Galicia.
Las propuestas de Hernando coinciden con varias de las planteadas por los agentes jurídicos –ver EXPANSIÓN del pasado lunes–, que demandan más inversión y profundas reformas estructurales al Ejecutivo y al PP en el presunto pacto por la Justicia. Entre otras, un nuevo baremo salarial, de incentivos y sanciones, para jueces y magistrados; la digitalización del sistema judicial o el auxilio de la gestión privada en servicios como la ejecución de sentencias o los embargos.
Sin noticias sobre la renovación del Consejo General
El presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ, Francisco José Hernando, admitió ayer estar “a la espera de que los políticos se pongan de acuerdo y lleven a cabo la renovación” del Consejo y de su sustitución al frente del Alto Tribunal, pendiente desde noviembre de 2006.
Hernando reconoció no tener “ni idea” de cuándo se producirá un relevo supeditado al acuerdo entre PSOE y PP. De hecho, aseguró no estar preparando siquiera el discurso de apertura del Año Judicial, cuya fecha está marcada en el calendario de la Justicia para el mes de septiembre, y que reserva al doble cargo que ostenta un lugar privilegiado en el acto. Aun así –añadió– “puede que tenga que escribirlo precipitadamente. “
