El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha ofrecido hoy a las comunidades autónomas con competencias en Justicia un calendario para la implantación de las nuevas oficinas judiciales, así como su apoyo para su desarrollo, que se llevará a cabo durante tres años en distintas fases.
Así lo ha anunciado la portavoz del CGPJ, Gabriela Bravo, tras reunirse con la mayoría de los consejeros de Justicia en la sede del órgano de gobierno de los jueces.
Según Bravo, aunque en enero empieza el desarrollo para implantar la nueva oficina judicial, la puesta en marcha efectiva no será hasta el próximo 5 de mayo cuando entren en vigor las leyes procesales que lo permitan.
“El proceso de implantación requiere su tiempo y por ello se está trabajando ya”, ha añadido la portavoz del CGPJ.
De acuerdo con el plan del Ministerio de Justicia, a partir del próximo 1 de enero comenzará la implantación del nuevo sistema, que tendrá lugar, en una primera fase, en la Audiencia Nacional y en las ciudades de Burgos, Cáceres, Ciudad Real, Logroño, Murcia, Palma de Mallorca, Ceuta y Melilla.
El consejero de Presidencia y Justicia de Cantabria, Vicente Mediavilla, ha explicado tras el encuentro que se prevé que la nueva oficina judicial esté plenamente implantada en España en 2011.
Mediavilla ha confiado en que Cantabria vaya “un paso por delante” del calendario fijado para el conjunto del país, de modo que en 2010 se vean en la región “los primeros frutos” del nuevo modelo organizativo de los juzgados.
En 2010, ha indicado el consejero, “podrían ser una realidad los servicios generales, que supondrán un avance sustancial para sustituir para sustituir los compartimentos estancos que, a menudo, definen la Administración de Justicia, por unidades de trabajo transversales, más funcionales y capaces de agilizar el trabajo y reducir los plazos”.
Por su parte, la portavoz del Poder Judicial ha asegurado que el CGPJ ha puesto a disposición de las comunidades todos los medios necesarios en materia de modernización e infraestructuras informáticas y se les ha informado de la constitución de comisiones de apoyo, asesoramiento e impulso para las distintas etapas de desarrollo de las oficinas judiciales.
Ante al calendario ofrecido por el Consejo, según Bravo, los consejeros de Justicia han destacado que las comunidades “forman realidades muy diferenciadas y por tanto habrá que atender a las distintas circunstancias”.
“No todas van a caminar con la misma celeridad”, ha destacado Bravo, quien ha hecho hincapié en que en algunas regiones es más factible que en un corto periodo de tiempo se pueda conseguir la implantación de distintas fases.
En este encuentro también se ha analizado un borrador de convenio de colaboración para la elaboración e implantación del Sistema de Prevención de Riesgos Laborales de la carrera judicial, cuyo objetivo es “cubrir los riesgos laborales que puedan derivarse del ejercicio de la función jurisdiccional”.
Asimismo han analizado el convenio sobre el Esquema Judicial de Interoperabilidad y Seguridad.
“La reunión ha sido muy positiva porque hay voluntad de hacer un esfuerzo para modernizar la Justicia”, ha concluido Bravo.
Por su parte, el consejero de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid, Francisco Granados, ha alabado la creación de una comisión técnica en la que estén presentes las comunidades autónomas y el Ministerio de Justicia “para que exista una coordinación” y se homogeinice la implantación de la nueva oficina judicial.
“El proceso va a durar años”, ha añadido Granados al salir de la reunión de la Comisión de Coordinación entre el CGPJ y las comunidades.
Por su parte, la consejera de Presidencia, Justicia e Igualdad de Asturias, María José Ramos, ha declarado a los periodistas al término del encuentro que “ninguna comunidad autónoma tendrá el 5 de mayo en marcha la oficina judicial”
