El Consejo de Ministros aprobó en el día de ayer la oferta de empleo público para el presente año.
* La Administración General del Estado convocará un total de 17.948 plazas, lo que supone un máximo del 30 por 100 de la reposición de sus efectivos. Esta limitación no afecta a la prestación de servicios públicos esenciales.
* La Oferta establece por primera vez que el 2 por 100 de los puestos se reservarán a personas con algún tipo de discapacidad intelectual, lo que eleva a un 7 por 100 el porcentaje total de reserva para discapacitados.
* Además, se ha aprobado un conjunto de medidas de eficiencia en materia de empleo público para la optimización de los gastos de personal.
El Consejo de Ministros ha aprobado los cuatro Reales Decretos de Oferta de Empleo Público para 2009, que ascenderá a 17.948 plazas de acceso libre. A éstas hay que añadir 2.613 de promoción interna, lo que da un total de 20.561 plazas. La convocatoria se ha elaborado siguiendo el principio de austeridad anunciado por el Presidente del Gobierno para el presente año, aunque la reducción del número de plazas no afectará a la prestación de los servicios públicos esenciales.
El número total de plazas de nuevo ingreso de personal en el sector público supone, como máximo, un 30 por 100 de la reposición de sus efectivos (porcentaje de nuevos empleados públicos que se incorporarán a la Administración General del Estado respecto al número de los que la abandonaron por jubilación, excedencia u otras causas), tal como se estableció en la Ley de Presupuestos Generales del Estado.
La limitación de la tasa de reposición no se ha aplicado de manera estrictamente proporcional, sino que se ha primado la incorporación de empleados públicos en los sectores que pueden contribuir a la recuperación económica del país, como el de las Tecnologías de la Información y la lucha contra el fraude fiscal.
Esta limitación no se aplica a los servicios públicos considerados esenciales, como las Fuerzas y Cuerpos de la Seguridad del Estado (4.957 plazas), la Administración de Justicia (2.883 plazas), las Instituciones Penitenciarias (1.572 plazas), la Educación, la Sanidad, la Inspección de Trabajo o la seguridad aérea. Tampoco afectará al personal que trabaja en la gestión de las políticas activas de empleo, de las prestaciones por desempleo y en el control y lucha contra el fraude fiscal y el control del gasto público.
Reserva del 7 por 100 para discapacitados
La Oferta de Empleo Público de este año establece por primera vez que el 2 por 100 de los puestos se reservarán a personas con algún tipo de discapacidad intelectual. Este porcentaje se añade al 5 por 100 de reserva para personas con discapacidad física o sensorial que ya se venía aplicando en anteriores convocatorias, lo que eleva a un 7 por 100 el porcentaje total de plazas destinadas a personas con algún tipo de discapacidad en la Administración General del Estado.
Por otra parte, la convocatoria profundiza en las medidas que aseguran la igualdad de hombres y mujeres en los procesos selectivos. Así, en aquéllos en los que existan pruebas físicas se establecerán baremos diferentes para mujeres y hombres, y se permitirá aplazar las pruebas a las mujeres que, por embarazo de riesgo o parto, no puedan concluir los procesos selectivos con el resto de los aspirantes. Además, garantiza que toda la tramitación necesaria para participar en las distintas pruebas, así como el seguimiento del proceso, pueda realizarse por vía telemática.
ACUERDO PARA LA EFICIENCIA EN EL GASTO DE PERSONAL
Por otro lado, el Consejo ha aprobado también, a propuesta de los Ministros de Economía y Hacienda y Administraciones Públicas, una serie de medidas de austeridad y eficiencia en materia de empleo público con el fin de optimizar los gastos de personal, que introducen mecanismos de racionalización en la gestión de los recursos humanos de la Administración General del Estado y completan las iniciativas ya emprendidas en esta materia por el Gobierno.
El Acuerdo adoptado establece que los Ministerios deberán proponer a los Departamentos de Economía y Hacienda y Administraciones Públicas, antes del 1 de junio, una adecuación de sus relaciones y catálogos de puestos de trabajo para reducir el número de vacantes a un máximo del 8 por 100 del total de puestos de trabajo de cada ministerio u organismo. Además, las relaciones de puestos de trabajo y catálogos se adaptarán a los criterios y disponibilidades presupuestarias establecidos por los Departamentos de Economía y Hacienda y Administraciones Públicas.
Los Ministerios también tendrán que presentar un plan de optimización y racionalización de recursos humanos para ajustarse a las prioridades y necesidades operativas de cada Departamento, procediendo al dimensionamiento adecuado de sus relaciones de puestos de trabajo. En estos planes se determinarán los puestos que no deben experimentar ninguna modificación y que deberán amortizarse de forma automática cuando queden vacantes.
Por otro lado, el Gobierno ha encomendado al Ministerio de Administraciones Públicas que fije un procedimiento de selección de personal interino con el fin de atender las necesidades coyunturales de recursos humanos que tengan que ser provistas de forma urgente e inaplazable. Para ello, se establece que se recurrirá a las listas de candidatos que hayan superado algún ejercicio del proceso de selección a los cuerpos de la Administración General del Estado, aunque todavía no hayan aprobado la totalidad de las pruebas.
Asimismo, continuará la racionalización de los cuerpos y escalas de la Administración General del Estado para contribuir a una gestión de los recursos humanos más eficaz.
Estas medidas no serán de aplicación a las Fuerzas Armadas, a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y a la Administración de Justicia. El acuerdo también dispone que los Ministerios de Economía y Hacienda y Administraciones Públicas realizarán un informe sobre el cumplimiento de estas medidas, que se elevará al Consejo de Ministros antes del cierre del presente ejercicio.
