FRANCISCO CAAMAÑO Ministro de Justicia

Francisco Caamño Rodríguez, Ministro de Justicia

Francisco Caamaño Rodríguez, Ministro de Justicia

Fuente: El País

Francisco Caamaño Rodríguez (Cée, A Coruña, 1963) ha sido, hasta su nombramiento como ministro de Justicia, el artífice de muchas soluciones jurídicas que han desbloqueado algunas de las leyes más controvertidas del Gobierno. En sus años de secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, este catedrático de Derecho Constitucional tuvo que encontrar respuestas imaginativas a problemas políticos que amenazaban la estabilidad del Ejecutivo. Ahora, con el ministerio en llamas, Caamaño se ha puesto el traje de bombero para evitar otra huelga de jueces y sacar adelante reformas legales pendientes desde que arrancó la democracia.

Llega a la entrevista tras asistir a un desayuno informativo donde el fiscal general, Cándido Conde-Pumpido, ha lanzado una andanada contra la policía. Se declara desconcertado. Durante una hora de conversación, en el asiento de ministro se sienta un catedrático de Constitucional que demuestra que las leyes esconden, en ocasiones, distintas verdades. Y un político que huye de la confrontación como de la peste.

Pregunta. ¿Cree que va a haber huelga de jueces?

Respuesta. Cuando tomé posesión de mi cargo no me puse como horizonte el 26 de junio [fecha anunciada para la huelga]. Ni se me ocurrió. Mi horizonte de trabajo es el fin de una legislatura. Estamos poniendo nuestra mejor voluntad de diálogo. Ahora bien, seremos firmes a la hora de defender los intereses generales de la Administración de Justicia. En este momento hay diversas mesas de trabajo donde hay muy buena voluntad de las asociaciones de jueces. Soy optimista.

P. De las reivindicaciones de los jueces, ¿qué punto cree que el Gobierno no puede asumir?

R. Hay cuestiones que se pueden hablar y que entran dentro de lo razonable. Hay otras que ellos mismos son conscientes de que no se pueden articular de inmediato, bien porque requieren una ley o porque están muy condicionadas por la crisis económica. Los funcionarios de Justicia son solidarios y están dispuestos a posponer algunas reivindicaciones, aunque quieren trabajar, y me parece razonable, en proyectos de ley que estructuren de otra manera su modelo retributivo.

P. Su antecesor vinculó las protestas de los jueces a lo sucedido con Rafael Tirado en el caso Mariluz. ¿Qué opinión le merece la tibia sanción contra este juez?

R. En cuanto a las causas de la huelga, seguramente hubo un cúmulo de circunstancias. Pero, en mi opinión, existe una que no es coyuntural: el hecho de que la justicia haya sido la hermana menor de la democracia española. La decisión sobre las conductas de los jueces corresponde al Consejo del Poder Judicial, y yo, como ministro, no entraré nunca a valorar las decisiones del Consejo.

P. ¿No comparte las declaraciones de la vicepresidenta del Gobierno

[pidió tres años de suspensión al juez Tirado]?

R. Creo que el Consejo del Poder Judicial es responsable de sus decisiones y que pudo haber adoptado una de mayor rigor, pero sus razones tendrá. A unos gustará más y a otros menos, pero es él quien debe tomar esa decisión.

P. Al calor de esa polémica, el ex ministro Fernández Bermejo anunció el endurecimiento del régimen disciplinario de los jueces.

R. Al poner el contador a cero me refería precisamente a negociar para llegar juntos a acuerdos. Yo no tengo ningún tipo de previsión en este momento de proceder a ese tipo de endurecimientos, sino más bien a trabajar y llegar a acuerdos.

P. El Poder Judicial propone desviar un millón de asuntos penales leves a los jueces de paz.

R. Me congratulo de que el Consejo haya hecho una propuesta de modernización de la justicia, pero en esa hoja de ruta hay cuestiones que tienen mejores soluciones. Nosotros apostamos por una justicia titular, y los jueces de paz son jueces legos. Por esa sola razón creo que ésa no es una de las soluciones más acertadas.

P. El Consejo critica la reforma del Código Penal por la dureza de algunas penas. Como constitucionalista, ¿no cree que el proyecto está un poco pasado de rosca?

R. Como constitucionalista y como ministro, vamos a atender los informes del Consejo y de la Fiscalía General del Estado, en los que se hacen muchas observaciones respecto de delitos cuyo tipo puede ser excesivo. Creo que figuras como la libertad vigilada y los delitos cometidos por las personas jurídicas son necesarias, igual que atender nuevas fórmulas de criminalidad, como los delitos en el ciberespacio. Pero como constitucionalista estoy convencido de que se tiene que hacer atendiendo a dos principios: intervención mínima del derecho penal y proporcionalidad. Las penas tienen que adecuarse a las conductas sancionadas. En ello estamos trabajando para poder remitirlo a las Cortes lo antes posible.

P. ¿El concepto de libertad vigilada se va a mantener?

R. En todos los países se está introduciendo algún sistema para que, una vez cumplida la pena principal, y para ciertos delitos, haya una pena accesoria con determinadas obligaciones una vez que uno sale de la cárcel. Lo que vamos a hacer es aplicar elementos de proporcionalidad. Quizá había algunos excesos en la forma en que estaba regulada en el proyecto de código, y vamos a atemperarlos, pero siendo conscientes de que hay algunos delitos que exigen esta protección. Durante mucho tiempo, el derecho penal no se lo ha puesto fácil a las víctimas. Y la sociedad moderna nos ha puesto de manifiesto que hay delitos en los que, cumplida la pena principal, la protección de la víctima requiere que haya procedimientos posteriores.

P. ¿Hay fecha para la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal?

R. Yo persigo llevar el Código Penal en este periodo de sesiones para que en verano puedan tenerlo en las Cámaras. Pero también pienso poner en marcha otra ley, en mi opinión más importante que la de Enjuiciamiento Criminal, que es la nueva Ley de Planta y Demarcación. Tenemos una Ley de Planta de 1988 que no contempla ni los juzgados de lo mercantil ni los de lo contencioso ni los de menores ni los de familia ni los de violencia de género. En cuanto a la de Enjuiciamiento Criminal, es una ley de 1881: ofrece una respuesta del siglo XIX a una sociedad del siglo XXI. Es imprescindible abordarla. Estamos en ello, intentando superar la dicotomía tradicional entre fiscal y juez instructor. Hay que dar un mayor protagonismo en la instrucción a los fiscales, y el juez debe ser un juez de garantías. No quiere decir que tenga que desaparecer de la fase instructora, pero debe ser un juez de garantías de derechos. Creo que podremos llevar la ley, después de que pase por los órganos consultivos, hacia finales de este año al Parlamento.

P. ¿No teme que esa declaración de que la fiscalía gane protagonismo en la instrucción soliviante a los jueces?

R. Los jueces quieren, con razón, que exista un control judicial de la instrucción, y que ellos sean los principales garantes de los derechos de los ciudadanos. Es lo que la Constitución les atribuye. Y quiero además que lo sigan haciendo con la nueva ley. Pero quiero también librarles de la tarea de averiguar todos los hechos, de encontrar la verdad y remover todos los obstáculos que se van presentando en la investigación, y que a la vez tengan que operar como garantes de las personas que están investigando. Puede haber cierto recelo sobre un modelo que descartase completamente al juez de la instrucción. Sin embargo, un juez que está en la instrucción y que no tenga esa función extraña de hoy, sino que tenga la que cabalmente le corresponde, puede ser bien recibido por jueces y magistrados.

P. Cada ministro esboza un sistema de acceso a la carrera judicial. Usted propone conservar la nota para el siguiente ejercicio.

R. Se estaba dando el fenómeno de que se sacaban plazas pero no se cubrían. De poco sirve crear más órganos judiciales y sacar más plazas de jueces si se cubre un porcentaje reducido. La oposición es muy dura: cinco años de trabajo de media después de acabar la carrera. Lo que hacemos es recuperar un mecanismo que ya existía, y que el opositor sepa que va a poder conservar algo de lo que ha estudiado. Se trata de mantener el primer ejercicio a quien ha obtenido una media de notable, no a cualquiera.

P. En la fuga de Astrid Bushi [jefe de la banda que asaltó el chalé de José Luis Moreno], ¿usted se pone de parte del juez para exculparle, como se puso el ministro del Interior de parte de la policía?

R. Creo que se ha dado una cadena inusual de errores en un supuesto que es grave pero excepcional. En España se mueven cada día miles de presos que van a declarar a diversos juzgados con normalidad. Hay abiertas unas diligencias por parte de la policía y otras en el Consejo del Poder Judicial. Veo prudente esperar.

P. ¿No hay nada que mejorar en los procedimientos?

R. Los procedimientos son muy rigurosos; pero, si de las diligencias se deduce que hay que modificar procedimientos de la policía o la justicia, lo haremos.

P. El Tribunal Supremo aplica una caducidad de seis meses a los expedientes disciplinarios a jueces, lo que deja impunes muchas sanciones. ¿Debe reformarse?

R. La tramitación de los expedientes es del Consejo del Poder Judicial y no voy a cuestionar las interpretaciones que haga el Supremo. Pero, si el efecto es que no prosperan expedientes que deberían prosperar, habrá que hablarlo en la comisión mixta que tenemos con el Consejo, y ver si es necesaria alguna modificación.

P. ¿Tiene alguna afición, además de la política y el derecho?

R. Sí, la vela. Navegar.

P. ¿Navegaría en el mismo barco con un juez que estuviera instruyendo una causa que afecta al principal partido de la oposición?

R. Creo que siempre hay que ser prudente cuando se está en un cargo público, pero no hay que levantar extrañas sospechas. Y tampoco hay que exagerar. La prudencia es conveniente, pero no veo bien que se levanten sospechas permanentes porque un ministro de Justicia se encuentre tomando un café con un magistrado del Supremo o hablando con un ex compañero catedrático.

P. ¿Se atrevería a fijar una fecha para la renovación del Tribunal Constitucional?

R. La voluntad del Gobierno y del Grupo Socialista en el Senado ha sido siempre la de la máxima disponibilidad a renovarlo. Hemos sido leales al espíritu de la ley y esperamos que los otros implicados en ese proceso lo sean. Cuando las cosas necesitan a más de uno, no dependen sólo de uno. Si pudiera ser, mañana mismo.

P. Ustedes son los que no aceptan a los dos candidatos del PP…

R. Hay un procedimiento y una negociación. El Grupo Socialista considera que los candidatos y el modo en que han sido propuestos por el PP no es el más adecuado a la filosofía de la ley y al procedimiento. El PP tendrá que adoptar una decisión.

P. ¿Qué tendría que hacer el PP? ¿Retirar a sus candidatos?

R. Yo no voy a decir lo que tiene que hacer el PP. El Reglamento del Senado tiene previstas todas las incidencias. Lo que hay que tener es voluntad de desbloquear el acuerdo; el Gobierno y el grupo socialista la tienen.

P. ¿Es posible la renovación antes de que el tribunal se pronuncie sobre el Estatuto catalán?

R. Estamos en disposición de renovar el tribunal cuanto antes.

P. ¿Cree que el Constitucional tumbará aspectos básicos de ese texto como la política lingüística, el preámbulo que habla de la «nación» catalana o la financiación?

R. Yo creo, como constitucionalista, que el Estatuto de Cataluña es constitucional.

P. ¿Se personará la Abogacía del Estado en el caso de la trama corrupta vinculada al PP?

R. La personación del Estado sólo se produce cuando hay un grave perjuicio para la Hacienda Pública. Si hay un grave perjuicio, sin duda se personará. Estamos ante un sumario con muchos elementos secretos. El juez Garzón ha dado traslado a la Abogacía del Estado y ésta ha pedido, como hace siempre, un informe a la Agencia Tributaria. No lo duden: si hay un grave detrimento para la Hacienda Pública, en este asunto y en cualquier otro, la Abogacía se personará.

P. Parece que la Abogacía del Estado ha actuado en el caso Prestige simplemente para evitar un gasto al Estado. Además, la juez ha retirado la imputación a un alto cargo de Fomento basándose en el informe de un perito que trabajó antes como asesor del ministerio. ¿Qué le parece?

R. Las decisiones judiciales las respeto y no las cuestiono. La acusación corresponde a la Fiscalía. Lo que corresponde a la Abogacía es defender al Estado del pago que pueda derivarse del perjuicio patrimonial, que recaería sobre los impuestos de todos. Creo que la Abogacía ha actuado con sujeción a la legalidad.

P. ¿Cree que la jurisdicción universal debe limitarse?

R. La jurisdicción universal es algo que las democracias avanzadas, entre ellas España, le deben a aquellos países que no tienen un Estado democrático. Soy un defensor de la jurisdicción universal. Cosa distinta es que puede plantear algunos problemas de relaciones entre Estados, cuando se internacionalizan determinados procesos. Tanto la Audiencia Nacional como la Fiscalía están trabajando para establecer mecanismos como el de la subsidiariedad, en el sentido de esperar a ver si hay una investigación y, sólo si no se produce, poder actuar aquí.

P. ¿Entendería que la Audiencia investigase las torturas en Guantánamo?

R. Coincido con la Fiscalía del Estado, que ha emitido un informe en contra y que tiene argumentos jurídicos de peso. El principio de subsidiariedad con países inequívocamente democráticos debe tenerse presente.

P. ¿Y el caso de Israel?

R. Se ha hecho una interpretación muy sensata de la jurisdicción universal. La respuesta que se ha dado, que es aplicar la regla de la subsidiariedad, la comparto.

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