Según el último informe que analiza el empleo en el sector público estatal, Justicia es la única administración que ha reducido personal en un 4,8%, mientras todas las demás han sumado efectivos. Mientras el Ministerio resalta sus esfuerzos en incrementar sus efectivos, las asociaciones judiciales denuncian un trato discriminatorio por recortes en personal.
El Informe sobre el Empleo en Sector Público Estatal 2008 del Ministerio de Economía y Hacienda publicado esta semana que el personal al servicio del Sector Público Estatal Administrativo alcanzó las 617.372 personas a cierre del 2008. Supone un incremento de casi el 3% respecto al año anterior, y en todos los casos se ha aumentado el número de empleados públicos salvo en la Administración de Justicia, de la que se pasó de 25.248 empleados a 24.034, esto es, un descenso del 4,8%.
A la luz de los datos, el portavoz de la Asociación Profesional de Magistratura (APM), Antonio García, ha aprovechado para recordar el trato “desigual y discriminatorio” que recibe la administración de Justicia respecto al resto de administraciones públicas. García recuerda la “situación de carencia notable” que sufren, una de las principales premisas que han motivado el anuncio de una nueva huelga de jueces en octubre.
Tras las declaraciones de la APM el Ministerio se apresuró a publicar en un comunicado para aclarar que desde 2006 hasta 2009 se incorporaron a la Justicia 1.880 nuevos profesionales. “De ellos, 441 corresponden a la carrera judicial, 333 a la carrera fiscal, 407 al cuerpo de secretarios judiciales y 699 a los cuerpos de gestión procesal y administrativa, tramitación procesal y administrativa y auxilio judicial”. El Departamento dirigido por Caamaño agregaba que “entre los años 2006 y 2009, las dotaciones en la carrera judicial aumentaron un 9,7%, en la carrera fiscal un 16,9%, y en el cuerpo de secretarios judiciales un 11,1%.
Pero para el representante de los jueces, el informe del MEH “desmiente las declaraciones de la clase política, que utilizan palabras retóricas y grandilocuentes para decir que la Justicia es prioritaria”. En los mismos términos se ha pronunciado el portavoz de la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria, Marcelino Sexmero. A su juicio, los resultados del estudio sobre los empleados públicos de la AGE se traducen en una noticia “muy negativa” porque “contradicen las palabras de los ministros de Justicia” y demuestran que “disminuye la inversión dedicada al sector judicial en los Presupuestos Generales del Estado, como ocurre tradicionalmente”. “Lo único que refleja es la escasa inversión en mejorar la Justicia”.
Proceso negociador “muy largo”
La APM ha señalado que llevan mucho tiempo en un proceso negociador con el Ministerio de Justicia por la escasez de medios en el sector y ésta es una prueba más de la “carencia crónica” que sufren. Los jueces han ido más allá afirmando que no albergan “la esperanza de que se duplique el personal” pero tampoco esperaban una disminución, ya que su intención es “prestar el servicio público de la forma más eficaz”.
Mientras, Justicia atribuye al descenso de efectivos a las transferencias autonómicas. Según los datos del ministerio, el incremento de personal se ha visto solapado por el descenso del 18% en los cuerpos de gestión procesal y administrativa, tramitación procesal y administrativa y auxilio judicial por las transferencias a Aragón, Cantabria y Asturias. De estos últimos cuerpos, se han transferido un total de 2.693 plazas a las comunidades autónomas de Aragón (1.049), Cantabria (536) y Asturias (1.108). “Las transferencias a las dos primeras se hicieron efectivas el 1 de enero de 2008 y a Asturias el 1 de enero de 2009”, finaliza el ministerio.
